El Ministerio para la Transición Ecológica, inmerso en la revisión de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones intercomunitarias, prevé una nueva disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura a las cuencas receptoras del Levante español. Una decisión que, según el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), carece de justificación técnica y que deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados. 

De esta forma, existe una previsión de la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería en 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. 

Como apunta el SCRATS en un comunicado, resulta paradójico que en un país como España (con una media actual de 20.000 hm3 de agua embalsada), el Levante tenga que continuar luchando para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso y por lo que supone un exiguo volumen con respecto a la cifra global. Una clara evidencia de que algo se está haciendo mal en la planificación hidrológica de nuestro país.

Asimismo, esta reducción de los volúmenes disponibles supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros. Por otro lado, a estas consecuencias sería preciso sumar la eliminación de los sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. Otra de las consecuencias directas de esta disminución de las aportaciones del Trasvase se traduce en un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, ya que se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor (desde el año 2003 hasta ahora la tarifa se ha triplicado, por la incorporación de aguas desalinizadas).

Por otro lado, el propio Ministerio tiene previstas numerosas medidas de mejora de los sistemas de depuración de los caudales que vierten al río, así como de modernización de los regadíos de la cuenca del Tajo. Cuestiones que evidencian que no es la falta de caudal del río la causa de que no alcance el buen estado ecológico, y que nos llevan a considerar que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España.

En estos momentos no existe ninguna alternativa a la disminución del volumen de agua disponible. Por un lado, la utilización del agua desalada en exclusiva, como recurso ordinario, puede generar problemas a nivel agronómico y su obtención supone un coste ambiental desproporcionado (su dependencia energética es 4 veces mayor que el agua del trasvase), y por otro lado cuenta con unos precios sujetos a una altísima volatilidad, por los costes reales de la energía. El precio del agua desalada en la actualidad supone costes superiores a 1,40 €/m3 para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares.

En este escenario, el Gobierno de España ha puesto entre las cuerdas al sector agrario, con mayores índices de productividad del país y está desestabilizando el futuro de toda la sociedad del Levante, dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad (en todas sus vertientes) y vertebración del territorio.

Concentración este miércoles 11 de enero

Con el fin de abordar la situación de manera urgente, los regantes han convocado una protesta en Madrid el próximo miércoles 11 de enero. La concentración tendrá lugar frente a la sede del ministerio de Transición Ecológica, la Plaza San Juan de la Cruz s/n y su comienzo está previsto a las 10 horas.