Se ha proclamado, a bombo y platillo, que el Ayuntamiento había "ganado" (sic) en dos o tres años más de 55 millones de euros, derivados de costas judiciales mientras que había pagado menos de 350.000, por el mismo concepto. Y teniendo en cuenta lo que representan tales costas judiciales, la gran noticia confirmó un despropósito y abuso legal, hoy rutinario, ante el que algunos Tribunales suelen andar tan indolentes como permisivos y, lo que es peor, los Colegios de Abogados, in albis. Me explico. En los últimos años algunas entidades bancarias han contratado a abogados jóvenes, con sueldos mileuristas, a los que orientan otros letrados curtidos, para que el Banco se embolse la mayor parte de las costas que generan sus reclamaciones judiciales. O sea, que han convertido el pleito judicial en un negocio más del Banco, ya que si este cobra diez mil euros de costas, a su abogado le paga mil y la entidad se queda el resto. Algo que también realizan otras entidades con letrados en plantilla, como el Ayuntamiento, que ahora viene a publicitar que paga a sus abogados un sueldo de funcionarios y que el exceso de lo que cobra por costas lo ingresa en las arcas munícipes, en un negocio redondo aunque sea a través de un fraude procesal indigno. Porque miren, todo jurista sabe (o debiera) que las costas judiciales tienen carácter legal de indemnización para resarcir al litigante de la minuta que haya pagado a su Abogado y por eso las cobra el cliente, para resarcirse de lo que pagó. Y si lo pagado es un sueldo, aunque la ley no lo prevea, pues cabría cuantificar las costas en base al sueldo y operar sobre las horas invertidas en el pleito de turno. Imposible, no es.

Lo que no es posible, es que una entidad se embolse un importe que viene por ley destinado, exclusivamente, al trabajo del abogado, lo que supone una plusvalía tan ilegítima que cabe calificarse de abuso o fraude de ley, porque enriquece a un litigante, sin ley que lo respalde. Además de que encarece, injustamente, el acceso del ciudadano a la Justicia por tener que asumir el riesgo añadido de que la Administración o los Bancos, hagan negocio a su costa con las costas excesivas. Por decirlo a lo llano: es un atropello ilícito, aún institucionalizado ante la pasividad de algún Juez y de los Colegios Oficiales, que pasan de esto como si no fuera con ellos. Y a las "ganancias" del Ayto por el chollo de las costas, me remito.