Que por fin el Estado se haya decidido a regular la baja laboral por los efectos invalidantes de la menstruación dolorosa es una buena noticia. Se trata de un derecho que debería estar legislado desde hace mucho tiempo. Un veinte por ciento de las mujeres fértiles padecen esta dolencia, que es una condena periódica a no poder valerse por sí mismas, a no poder trabajar y a no poder disfrutar de su entorno familiar con normalidad. La ciencia no acaba de dar una explicación al fenómeno, como a tantas otras cosas, y la realidad nos dice que las mujeres afectadas han tenido que ir tirando en su trabajo con ese déficit añadido durante todos estos decenios de democracia y progreso en que la cuestión tenía que haber sido planteada. Y ha sido el Ministerio de Igualdad quien por fin se ha atrevido a hacerlo. Mientras, la extrema derecha ha dicho que el legislador desconoce el aguante de las mujeres ante esta enfermedad -porque es una enfermedad- que les impide unos días de cada mes desempeñar su trabajo normalmente. Como si se tratara de aguante, y no de un derecho elemental que se produce por la misma condición femenina, es decir, por la singularidad de las mujeres, que son la mitad de la población española. España, por una vez, puede erigirse en el primer país occidental que regula legalmente el problema. Y si además el legislador tiene el acierto de prever la picaresca empresarial sobre el mismo, mejor que mejor. Discriminar a alguien por su condición de mujer, o por motivos de salud, es inconstitucional, y no solo ahora: lo es desde 1978. Los próximos años va a ser necesaria una buena inspección de los servicios de trabajo para evitar abusos de uno y otro lado. Lo que me ha extrañado es la actitud de la UGT, que dice que a ver si ese va a ser un motivo más de "señalamiento" de las mujeres. Oiga, lo cierto es que el problema existe, que tiene una clara repercusión laboral, por tanto, económica, y que afecta a un derecho todavía, inexplicablemente, no regulado por el Estado. También se señala a otros colectivos cuando se legisla para proteger sus derechos. Me parece falaz el argumento. Un aspecto que sí creo muy importante es el de los médicos que tienen que dar las bajas. Aquí debería evitarse que la opinión política, social o moral del facultativo merme los derechos de la mujer, como pasa con el aborto y la mayoritaria objeción de conciencia de los especialistas.