Aveces me pasa que quiero dedicar esta columna a un tema que considero de gran importancia, pero resulta que se refiere a un asunto tan sabido que cualquier cosa que escriba ya la han expresado otros antes que yo. Cuando se trata de cuestiones evidentes, hay pocas cosas que decir. Pero, aunque todo lo que diga ya lo sepamos de sobra, lo único que pretendo es unirme a todas aquellas voces que denuncian la situación de empeoramiento que está atravesando una sanidad pública, de la que los españoles hace una década podíamos sentirnos orgullos y estamos viendo como cada día que pasa, experimenta un deterioro galopante. Que la sanidad es ahora peor que antes es una realidad que nadie niega. A diferencia de otras cuestiones es una opinión transversal, independientemente de la edad, el sexo, la situación económica o la ideología. El 75% de los ciudadanos sostiene que el sistema público sanitario está en declive. Cualquiera que haya necesitado asistencia médica ha podido comprobarlo. Y cuando en tertulias amistosas sale a relucir el tema, hay unanimidad en cuanto a su mal funcionamiento. La cita previa, las listas de espera y las urgencias, son materias de las que hace un tiempo no se hablaba y hoy surgen con frecuencia en cualquier conversación. No es necesario que especifique los argumentos tratados porque de todos son conocidas las circunstancias de unos profesionales saturados, unas urgencias incapaces de prestar la asistencia adecuada a los pacientes que no atiende la atención primaria y unas listas de espera cada vez más largas. Este deterioro de la sanidad pública ha dado lugar a que muchos ciudadanos, que disponen de medios para poder permitírselo, han optado por recurrir a la sanidad privada y el número de pólizas con compañías de seguros sanitarios se ha incrementado en la última década. Pero la utilización de la sanidad privada no es una opción exclusiva de los particulares que recurren a ella, sino que hay una tendencia de los gobiernos de ciertas comunidades autónomas dispuestos a derivar la asistencia sanitaria a empresas que se están beneficiando a costa del empeoramiento del sistema público. La consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha dictado una orden para suscribir convenios con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria. Malos augurios para la sanidad si lo que debería de ser la prestación de un derecho reconocido en la Constitución se convierte en un negocio.