El honor es la principal divisa

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a una degradación moral gubernamental. El último ejemplo de ello surgió el 26 de mayo cuando el diario El Confidencial publicó el audio de una reunión telemática en el que personas presuntamente ligadas al PSOE ofrecían, también presuntamente, pactos con la fiscalía a cambio de información sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con especial fijación en el Teniente Coronel D. Antonio Balas, Jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO que por orden judicial y en el cumplimiento de sus funciones, está llevando “p´alante” temas tan comprometidos para el entorno del Presidente del Gobierno como los casos “Begoña”, “el hermanísimo” o “Ábalos”. La figura clave en este entramado mafioso es la ya ex militante socialista Leire Díez, que en pocos días ha pasado de ser una desconocida a convertirse en el centro de una historia donde se cruzan grabaciones, acusaciones y estructuras paralelas de poder, y que a raíz de salir a la luz estas grabaciones, ha pasado del anonimato a dar ruedas de prensa y entrevistas en medios de comunicación nacionales de los que al final va a resultar que es una “inocente” periodista llevando a cabo un trabajo de investigación sobre las “cloacas del Estado”, cuyo objetivo es demostrar la realidad de esas cloacas en la que jueces y policías se confabulan para derribar al Presidente atacando a su entorno personal y familiar.

Lo grave del asunto es que el propio Gobierno, en vez de exigir transparencia en estos asuntos facilitando el ejercicio de los jueces instructores de estas causas, se decanta por dar pábulo a la existencia de estas cloacas, a la dudosa imparcialidad o escaso rigor de los informes de la UCO o a infundir sospechas sobre la presunta prevaricación de jueces y magistrados, poniendo en el centro de la diana a la Guardia Civil que, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constituyen los únicos Cuerpos de Seguridad del Estado, y que son los que ejercen las funciones de policía judicial, dependiendo funcionalmente de jueces, tribunales o ministerio fiscal en el cumplimiento de estas funciones.

Y en esta situación en la que presuntamente esta trama mafiosa ha investigado a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desprestigiarlos y poner en duda su labor como policía judicial, se echa en falta la intervención de la autoridad política de la que dependen orgánicamente. Ni el Ministro del Interior ni el Secretario de Estado de Seguridad ni la Directora General de la Guardia Civil en este caso, han abierto la boca para defender la labor de sus Guardias Civiles, pudiendo dar a entender con su silencio que los comentarios de sus propios compañeros de gobierno están justificados.

Es decir, la cadena orgánica de mando político de Guardia Civil no es capaz de salir en defensa de este Cuerpo policial que, como policía judicial, se limita a cumplir las órdenes que recibe de los jueces. Y a esto hay que añadirle el afán reformador de la justicia por parte del gobierno para apartar a los jueces y pasar a los fiscales la instrucción de las causas, sabiendo de quién depende la fiscalía. Claro, el problema está en que las causas que se están investigando en el entorno del Presidente escapan al control del propio Gobierno, como debe ser en un Estado de Derecho con separación de Poderes. En este punto conviene recordar lo que ocurrió con el Coronel Pérez de los Cobos por negarse a informar del contenido de una causa instruida por un juez, cuando sólo a este le compete.

Como en el Cantar del Mío Cid, “qué buen vasallo sería si tuviese buen señor”, la lealtad que profesan los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado a sus mandos políticos contrasta con la permisividad y a veces complicidad de estos con los que desde las mismas filas del gobierno les calumnian, les atacan. Ante esta situación, su respuesta, en el caso de la Guardia Civil, es el cumplimiento de los preceptos de la Cartilla del Guardia Civil, cuyo primer artículo es todo un ejemplo de su manera de entender el servicio: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. Mientras ellos mantienen incólume su honor, sus jefes políticos hace tiempo que lo perdieron, si es que alguna vez lo tuvieron.