La Ley de Amnistía es legítima

La ley de amnistía que fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024, ha sido validada por el Tribunal Constitucional con seis votos a favor y cuatro en contra, y bajo el punto de vista jurídico, lo único que cabe decir es que se ratifica su legitimidad. Todo lo que se diga negando la legitimidad de una ley que ha sido validada por el alto tribunal, es pura verborrea. Bajo el punto de vista político, caben opiniones para todos los gustos. En cuanto a mí respecta, pienso que la Ley de Amnistía ha sido muy beneficiosa por muchas razones. Me parece bien perdonar a todos aquellos ingenuos que participaron en una pantomima fantasiosa pensando que, colocando unas urnas en los colegios, iban a conseguir la independencia de Cataluña. Nadie puede negar que la Ley de Amnistía fue una condición impuesta por Convergencia i unió para apoyar con sus siete votos a un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pero las consecuencias fueron positivas. Se evitó la posibilidad de tener un gobierno del Partido Popular llevando el paso al ritmo que le marca la ultraderecha de VOX. Se constituyó un gobierno de izquierda formado por el PSOE y Sumar que subió el salario mínimo de 736 a 1.080 euros, con incrementos anuales hasta los 1.184 euros actuales, las pensiones tuvieron una primera subida del 8% para recuperar los años que habían permanecidos estancadas cuando gobernaba el Partido Popular y se realizan incrementos cada año, en proporción a la subida del costo de la vida. En contra de lo que muchos agoreros pronosticaban, la economía ha experimentado una recuperación y es una de las de mayor crecimiento de Europa. En el empleo se superan máximos históricos de afiliación con 21,8 millones de trabajadores. Dicho esto, no sé qué interés pueden tener quienes prefieren que los ciudadanos que participaron en una movida inútil para obtener la independencia de Cataluña, permanezcan encerrados entre rejas. Con la Ley de Amnistía se acaban los enfrentamientos y se favorece la convivencia. Ni España se ha roto, ni el independentismo ha ganado terreno, sino todo lo contrario. Los partidos independentistas han perdido la mayoría parlamentaria y el gobierno de Cataluña está presidido por un socialista llamado Salvador Illa.