Parece mentira, lo denostado que estaba Suárez cuando dejó la Presidencia en 1981 y lo ensalzado que está cuatro décadas después. El presidente de la transición salió del Gobierno por la puerta de atrás, repudiado en Palacio, menospreciado por las taifas de su partido, estigmatizado desde la oposición, acosado por el terrorismo, despreciado en los cuartos de banderas e ignorado por el empresariado. Y ahora todo el mundo lo tiene en un altar. Pedro Sánchez quiere emular los Pactos de la Moncloa del 77 conseguidos por Suárez y Fuentes Quintana y ha propuesto una reunión esta semana con todos los grupos parlamentarios para explorar las posibilidades. Pero el horno no está para bollos.

Con la pandemia, la olla a presión de Madrid ha perdido su válvula de escape y el foro político está que revienta. Para conseguir un pacto de reconstrucción económica y social del país habría que bajar la tensión. Y nadie ayuda. Para empezar, el vicepresidente político Pablo Iglesias no para de repetir que "hay que defender lo público". Lo basa en la necesidad de reforzar la sanidad y aprovecha para esgrimir el artículo 128 de la Constitución, que habla de la intervención de empresas cuando lo exigiere el interés general. Iglesias tiene el mismo síndrome que Aznar; primero critican la Constitución y después la leen con fundamentalismo de conversos. Elude el vicepresidente el artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada, o el 38 que defiende la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. El resultado es la frialdad absoluta desde las filas empresariales y los partidos conservadores.

Pero los fondos públicos se nutren de los impuestos y es la economía productiva la que genera los ingresos fiscales. En vísperas de la anterior crisis, España consiguió su récord de recaudación en 2007 superando los 200.000 millones de euros. Esa cifra no la recuperó hasta 2018. En esos diez años se dejaron de recaudar casi 300.000 millones. Ahora España se enfrenta a un aumento sustancial del gasto público y a una brutal caída de la contribución fiscal. Así que a la voluntad de defender lo público, hay que añadir la defensa de lo privado, para que haya de dónde financiar desempleo, pensiones o salarios sociales.

Queda la duda sobre si era el momento para que Sánchez lanzara sus pactos o debería haber esperado a saber la magnitud de los daños económicos, empresariales y sociales a los que hay que hacer frente. Gran parte de los aliados del Gobierno en la investidura no están por la labor y en la oposición sólo Ciudadanos se ha mostrado dispuesto. Vox se ha tirado al monte y el PP vacila. Encima los portavoces de PSOE y Podemos han olvidado las zanahorias y sólo aplican a sus futuros interlocutores jarabe de palo. Con estos mimbres es difícil un acuerdo. Y Sánchez propone la idea sin precisar qué quiere pactar, cuánto vale y de dónde saldrían los fondos. El momento es delicado; hay que evitar que esto se convierta en un brindis al sol.