De prófugo a exiliado

La actual crisis catalana se ha ido fraguando durante los gobiernos del presunto corrupto Pujol, y agravada con Zapatero al apoyar este abiertamente la reforma del Estatuto catalán en 2006, resultante de los acuerdos del Pacto del Tinell, reforma en buena parte anulada después por el Tribunal Constitucional. Una crisis cuyo único culpable es el independentismo catalán, frente a una mala gestión por parte del Gobierno de la Nación, cuya debilidad y negligencia ha ido permitiendo a lo largo de décadas la construcción de una estructura administrativa de gobierno catalana a medida que se ha ido “adelgazando” la del Estado. Una situación en Cataluña que concierne a todo el pueblo español, ya que este territorio formó parte de la Corona de Aragón y está integrado en España desde su origen en 1492, por lo que tenemos un título histórico sobre Cataluña. Una realidad histórica que trae consigo que cualquier cambio jurídico en este territorio deba ser decidido por todo el pueblo español, al ser este el único titular de la soberanía nacional (Sentencia 42/2014, del Tribunal Constitucional).

Es cierto que a lo largo de la historia ha habido momentos de crisis tan graves como el actual. Ya proclamó la República catalana Pau Claris en 1641, para declararse a continuación súbditos del Rey de Francia, como también en 1931 el Teniente Coronel Francesc Maciâ, que tuvo que conformarse al final con un estatuto de autonomía al fracasar el proyecto de una República federal. Y la penúltima declaración de independencia, la de Lluís Companys en 1934, aprovechando el golpe de estado liderado por el PSOE contra el Gobierno de la República al entrar en el mismo 3 ministros de la CEDA, partido de derechas que había ganado las elecciones generales de noviembre 1933. Por eso, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017 no es algo nuevo, como tampoco lo son las consecuencias que para los responsables han tenido. Ya sabemos el tiempo que estuvieron en la cárcel tanto Francesc Maciâ como Lluís Companys. En fin, el atentado contra nuestra Constitución del 78, el golpe de Estado en Cataluña, ha sido un proceso que empezó hace más de 30 años, desde que ya en 1990, CIU sostuviese en un documento interno que Cataluña es una “nación europea emergente”, una “nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”. Un proceso en el que se ha ido construyendo una estructura que ha servido para tapar una corrupción sistémica, envolviéndose en la bandera nacionalista y levantando a sus votantes contra el que los investiga: España era la mala y Cataluña la buena, mientras se cobraban comisiones de 3 y 4% a cambio de concesiones públicas, entre otras corruptelas desde el famoso escándalo de Banca Catalana en 1984. De las mentiras para desviar la atención de la corrupción, a la convocatoria en 2014 del “Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña” (referéndum del 9N), y de ahí, puesta en marcha de la “estrategia de la desconexión” que se inició en 2015 con la declaración por la mayoría parlamentaria independentista del “inicio de creación del estado catalán independiente en forma de república”. Como señaló entonces la catedrática

Teresa Freixes, el soberanismo parecía ya estar adoptando la estrategia expuesta por Curzio Malaparte en su obra “Técnicas de un golpe de Estado”. Lo que constituiría una acción de golpe de Estado sería una “operación ilícita, ejecutada desde instituciones de poder, contra el poder legítimo, dirigida a alterar o modificar la estructura del Estado. No se necesita mucha gente para ello. Según Malaparte basta con que unos mil técnicos bloqueen las capacidades del Estado y hagan creer a la mayoría de la población que ello es lo adecuado y que deben mantenerse neutrales”.

El Gobierno catalán rebasó todos los límites al aprobar dos leyes para la “desconexión” con España: la Ley para el referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, prescindiendo de las mayorías que exige su propio Estatuto de autonomía, de las garantías procesales y de los informes preceptivos de sus instituciones, siendo el punto de partida la respuesta del “Pueblo” al referéndum de secesión del 1-O de 2018.

Y tras este proceso de ataques al Estado de Derecho, con el poder judicial cumpliendo su misión constitucional, ahora algunos pretenden “maquillar” el asunto con una ley “de punto final”, convirtiendo al principal responsable, prófugo de la justicia, en un exiliado.