La quita sin ruido

La deuda de las CCAA no es un mero problema de su gestión. Es un problema estructural derivado de un sistema de financiación desfasado, injusto y nunca reformado. Diseñado en 2009, fue concebido para una España muy diferente. Esta obsolescencia obligó a los gobiernos autonómicos a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, un mecanismo que les ayudó a mantener servicios esenciales.

Ahora, el Ejecutivo propone una quita de esa deuda —hasta 83.000 millones de euros— para aliviar las finanzas autonómicas, una medida que Feijóo tacha de ‘operación política’ y que, según él, supone un ‘riesgo moral’. Sin embargo, no es la primera vez que se utiliza una medida similar. Es el mismo principio que subyace al rescate bancario del gobierno de Rajoy en 2012, que según el Tribunal de Cuentas es en gran parte irrecuperable. La diferencia es que esta vez el dinero liberado no va a la banca, sino que puede ir a servicios públicos como sanidad o educación.

Aunque la medida tiene un trasfondo político, no por ello pierde su legitimidad. Es cierto que no reduce la deuda global del Estado, pero sí libera a las autonomías de los intereses anuales, un ahorro que pueden reinvertir para mejorar la vida de sus ciudadanos. La crítica más estridente ha llegado desde el presidente de la Junta, según sus propias palabras sería “perder la dignidad para salvar a Sánchez”. Pero si Juanma Moreno se opone a una quita que beneficia a los andaluces con un ahorro de 140 millones de euros anuales, debería explicar tal postura, que podría calificarse de inmoral y supone una contradicción difícil de sostener ante la opinión pública.

Aunque este ahorro no constituye un cheque en blanco para gastar libremente, sí representa un margen financiero significativo para invertir en reforzar prestaciones esenciales o reducir deuda adicional. Si la Junta de Andalucía destinara íntegramente este ahorro anual a becas, podría crear hasta 46.120 al año; si lo hiciera en personal sanitario, podría financiar 4.050 plazas anuales o atender a unas 28.000 familias vulnerables. El impacto social sería tangible para miles de familias.

El verdadero “riesgo moral” es la incoherencia de usar la quita para la confrontación política en lugar de resolver el problema estructural. Lo que antes sirvió para salvar a la banca, ahora se critica aunque beneficie a los ciudadanos.