Ana Julia Quezada escucha el veredicto de culpabilidad del jurado popular.

El jurado popular lo tuvo claro y actuó por unanimidad. Ana Julia Quezada no sólo asesinó a Gabriel aprovechando que el niño no podía esperar su ataque, sino que además buscó hacer daño con todas las actuaciones que llevó a cabo durante la búsqueda del ‘Pescaíto’ a los padres, alentándolos y diciéndoles que iba a aparecer, haciéndose protagonista incluso ante los medios, cuando sabía bien que la vida del pequeño había sido segada con sus propias manos.

Aunque el jurado no apreció el ensañamiento que los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, acusación particular en nombre de los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, no dudó a la hora de elegir las peores alternativas incluidas en el objeto del veredicto para la acusada. De esta forma, la declararon este jueves culpable de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de lesiones psíquicas y otros tantos contra la integridad moral. Al ser Gabriel menor de 16 años -sólo tenía 8-, nada puede librarla ya de una sentencia en la que sea condenada a prisión permanente revisable por la violenta muerte que conmocionó a un país que durante once días esperó un final que supusiera la aparición en buenas condiciones de Gabriel.

Quiso “vilipendiar, humillar, vejar y añadir más sufrimiento” a los progenitores

Según el relato del jurado, Quezada, Ángel y Gabriel se desplazaron el 23 de febrero de 2018 a una finca de la abuela paterna del menor en Las Hortichuelas Bajas. Cuatro días después, sobre las tres y media de la tarde, Gabriel le dijo a su abuela y a la acusada que se iba a jugar con unos primos que vivían cerca. “La acusada, inmediatamente después de marcharse Gabriel de la vivienda, se subió a su vehículo e interceptó al niño, instándole a que le acompañara a la finca sita en Rodalquilar y ante la “confianza generada” por ésta al ser una “persona íntimamente vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre, accedió a marcharse” con ella.

Ángel Cruz y Patricia Ramírez celebran el veredicto de culpabilidad de Ana Julia Quezada.

Destacan que la finca se encontraba en un lugar alejado y deshabitado, a diversos kilómetros del núcleo urbano y a unos 5 km de la casa de la abuela, así como que la acusada era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión, ya que el niño media 1,30 metros y pesaba 24 kilos”.

Una vez en la finca, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzo contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, “procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento” como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios, por asfixia mecánica por sofocación, quitando la vida “voluntariamente a Gabriel de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa ni de reacción por parte del niño”

Respecto a los delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral a los padres, el jurado considera probado que tras matar al ‘Pescaíto’, “de forma intencionada, cavó una fosa en los exteriores de la finca de Rodalquilar, y como quiera que uno de los brazos del niño no cabía, propino diversos cortes con un hacha, provocando la fractura de cubito y radio”.

Esteban Hernández Thiel, abogado de Ana Julia Quezada.

Durante la búsqueda “simulo encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa publica y notoria”. Así, recalcan también que el 3 de marzo, con la intención de “distraer la atención en la búsqueda del niño y con la finalidad de dirigir las sospechas sobre su expareja”, coloco una camiseta de Gabriel sobre unas matas en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso, que conocía por haber vivido allí un mes. En este punto, aseguran que lo hizo además para “añadir mas sufrimiento a los padres”.

Afirman que el día 11 de marzo la acusada, se traslado a la finca de Rodalquilar y desenterró el cuerpo del niño, para envolverlo en una toalla e introducirlo en el interior del maletero de su vehículo, abandonando la finca, así como que durante el trayecto en el vehículo, con el pequeño en el maletero y con “absoluto menosprecio” hacia éste expresiones vejatorias.

El abogado Francisco Torres, acusación particular, en la Ballena de Gabriel.

Destacan que los padres padecen un estado de conmoción emocional, un trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación, que precisa tratamiento continuado de farmacoterapia y psicoterapia, previéndose una evolución crónica, y una “disrupción completa en sus actividades cotidianas con dificultad de adaptación a la nueva realidad”.

Recalcan además que hizo todo esto sabiendo que aumentaba el sufrimiento de los progenitores, menoscabando sin estar bajo los efectos de los medicamentos, tal y como manifestaba la defensa.

En el caso de la integridad moral, añaden que el 9 de marzo “fue convocada una manifestación por las calles de la ciudad de Almería y durante los actos celebrados en la Diputación Provincial y en la Puerta de Purchena, la acusada proclamaba que el menor iba a aparecer, portando una camiseta donde aparecía la cara del niño y poda leerse “Todos somos Gabriel”. De esta forma quiso de modo deliberado “vilipendiar, humillar y vejar” a los padres.