Cerca de doscientos de ciudadanos británicos residentes en la comarca del Almanzora y el Levante exigieron ayer en una protesta pacífica por las calles de la capital la aplicación de una "política honesta" en la gestión del proceso para la regularización de las alrededor de 5.000 viviendas que hay fuera de ordenación de las que son propietarios en ocho municipios y criticaron la "preocupante arbitrariedad" de las administraciones locales en función del partido que gobierna.

El portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), Lenox Napier, lamentó que la familia Prior, cuya casa fue demolida hace justamente un año en Vera, no han recibido "compensación alguna ni una sola explicación" si bien matizó que desde el colectivo confían en que la Junta de Andalucía, que a su juicio "tiene culpa en unos casos y en otros no", ejecute al completo el plan de regularización anunciado en septiembre no sólo en beneficio de los afectados "sino también por la reputación de Almería" al entender que "somos muchos los británicos y ciudadanos norteuropeos los que elegimos esta provincia como destino para vivir y gastar nuestros ahorros".

Napier, a su vez, ha explicado a los periodistas que pedirán al delegado de Vivienda, Luis Caparrós, la creación de una agencia con representantes de la administración y de los afectados, desde la que "se informe, se recomiende y se ayude" a los propietarios de estos inmuebles durante el proceso de regularización, además de gestionarse las posibles compensaciones para los dueños de las viviendas que permanezcan finalmente en situación irregular. A su juicio, "si se tira una casa hay que pagar compensaciones y no decir que tienen que pagarla los promotores porque pierde también la provincia".