La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo están funcionando con algo más de un tercio de la plantilla. En concreto, y según los datos del sindicato, de las 153 plazas que refleja la Relación de Puestos de Trabajo de estos centros, solo están cubiertas 58, lo que supone un 37 por ciento.

El sindicato considera alarmante que, en cuanto a la atención ciudadana, de los casi 70.000 parados que hay en la provincia, solo hay un trabajador o trabajadora por cada 1.200 usuarios.

Mientras tanto y pese esta lamentable situación, CSIF ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) funcionan con menos de la mitad de su plantilla de media en las provincias de la comunidad autonóma.

Así lo ha denunciado el Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), que ha criticado que, la “notoria carencia de personal” de dichas oficinas, es consecuencia directa de una “falta de cobertura de las plazas de sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)”.

En esta línea, tal y como explica la central sindical “no se entiende que, existiendo un cuerpo específico –el A1 2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo— que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Administración recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”.

Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia de la Covid-19”.

El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se pregunta el sindicato, que cuestiona que estos procesos se desarrollen con todas las garantías desde empresas privadas.

Para CSIF, urge que Función Pública autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”, ha concluido.