El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a F.S.G. por un delito leve de amenazas contra el portavoz del grupo municipal del PP de Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, a quien increpó después de que este denunciara ante la Fiscalía presuntas irregularidades por la adjudicación "a dedo" por parte del Ayuntamiento de tres proyectos; hechos por los que el Ministerio Público le reclama finalmente seis años de prisión. El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme tras la conformidad de las partes, da por probado que el 20 de marzo de 2017, sobre las 00,00 horas, Pérez Quiles regresaba a su domicilio familiar cuando fue abordado por el empresario con su coche, quien tras dar un "frenazo", descendió del mismo y se dirigió "de forma alterada" hacia el concejal.

La sentencia reconoce la situación de "tensión" entre el empresario y Pérez Quiles por la denuncia que este había impuesto previamente a raíz de los contratos investigados y que, según la investigación judicial de esa causa, habría conllevado un gasto dirigido por importe de 1.123.740 euros. Así, el acusado impidió el que el edil, que se encontraba estacionado en la calle, pudiera cerrar la puerta de su vehículo, de modo que con ánimo de "causar temor", se dirigió hacia él y le dijo: "No cierres, no te vayas, que te tengo que decir cuatro cosas, eres un hijo de puta, un cabrón... La próxima vez que mi mujer vaya al médico otra vez por ti te juro que hasta aquí hemos llegado". Las amenazas continuaron mientras que el acusado golpeaba en distintas ocasiones el vehículo del concejal, a quien advirtió que tuviera "cuidado con lo que hablas" porque estaba "al límite". "Ten cuidado que ya me da igual todo, que estoy perdido y me da igual, me has arruinado la empresa, me has arruinado la vida, no tengo un céntimo. Me has arruinado tú. Estás advertido", le añadió antes de retirarse.

Además de la multa de un mes a razón de tres euros diarios por hechos, el juez también condena al acusado de mantenerse alejado al menos a 200 metros del edil durante un periodo de seis meses, en el que tampoco podrá comunicarse con él; una medida que ya se aplicó durante la instrucción de manera cautelar. El portavoz del PP interpuso la denuncia que dio lugar al procedimiento penal por la supuesta adjudicación a dedo de proyectos por un montante económico de casi 1,4 millones.