El pasado jueves 10 de octubre, los siete trabajadores que se habían negado a firmar la reducción de jornada y sueldo a la que "voluntariamente" les invitaba el Ayuntamiento de Albox y que oscilaban entre el 20 y el 50%, eran despedidos. Un empleado de obras, dos conserjes, tres limpiadores y una persona del área de deportes, recibían sobre las dos de la tarde una notificación en la que se les comunicaba la decisión tomada por el equipo de gobierno, argumentando razones económicas. A la mayoría se les citó en el propio Ayuntamiento, donde la asesora del alcalde Rogelio Mena, intentó que los empleados firmaran la documentación que tenían sobre la mesa, a otra de las despedidas se le comunicó la decisión en su propio domicilio. Incluso denuncian que "a una misma persona se le han entregado dos documentaciones con fechas de despido diferentes, una con fecha de 10 de octubre y otra con fecha 25 de octubre". Para mayor enfado de los afectados "los cargos políticos no han accedido a bajarse ni un solo euro de sus suculentos sueldos en todo el proceso de recortes".

Otro de los afectados, Domingo López Rodríguez, de 61 años de edad con un 56% de minusvalía y 31 años de servicio en el ayuntamiento de Albox, cuenta que "sobre las 13:30 horas el encargado de obras me dijo que fuera al Ayuntamiento. Allí la asesora del alcalde comenzó a meterme prisa para que firmara una documentación a lo que me negué. Esa ha sido la metodología que siempre han empleado, la de hacer todo a las dos de la tarde y decirnos que si no firmábamos nos iban a echar. En la primera reunión fue el alcalde quien nos lo dijo, y de ahí en adelante, esta señora que se ha traído de Madrid".

Esa señora se hace llamar magistrada y ha sido la encargada de llevar desde un principio el Expediente de Regulación de Empleo que finalmente no ha sido necesario llevar a cabo, tras la reducción de jornada y sueldo al 90% del personal laboral. La oposición denunció en su momento que la liquidadora recibiera por este trabajo una remuneración de 15.000 euros, "a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con dos letrados y Rogelio Mena, sindicalista de UGT, es un especialista en EREs" afirmaba el portavoz del PP, Juan Pedro Pérez. Todo esto en medio de una deuda millonaria y un déficit según refleja el informe del ERE, de dos millones de euros cada año.

A partir de ahora los trabajadores incluidos en la lista de despidos anuncian que acudirán a los tribunales, por entender que se estarían violando sus derechos. "Ahora habrá que ver cómo paga el Ayuntamiento esos finiquitos millonarios, la mayoría de los despedidos llevan más de 20 años trabajando en el Ayuntamiento. Se ha procedido a un despido discriminatorio", denuncia Pérez.