Dos empresas almerienses dedicadas a la comercialización de pescado denuncian públicamente, y ya han emprendido acciones al respecto, una situación presuntamente irregular que se produce en el puerto pesquero de Almería desde el pasado año 2009: la compra-venta ilegal de género, considerada como segunda venta, y que según la Ley no se puede producir dentro del recinto del propio puerto, algo que, según los afectados, atenta contra las normas sanitarias y administrativas, sin que, afirman, sea impedido por los organismos competentes.

Pese a las reiteradas denuncias formuladas desde el año 2009 ante la Autoridad Portuaria y ante la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sobre la venta ilegal de productos del mar dentro del recinto delimitado del puerto de Almería pero fuera de La Lonja de Pescados, denuncian que "esta anómala situación se sigue produciendo a día de hoy sin que ninguno de los dos organismos hayan puesto solución a éste asunto", según los agentes afectados. La ilegalidad denunciada de la venta referida se basa en que dentro del recinto portuario "está absolutamente prohibida y sin excepción alguna la denominada segunda venta", es decir, la que se produce de mercancías ya vendidas y en consecuencia adquiridas en otros lugares, sea cual sea su procedencia. Dicha prohibición se avala en el Decreto en vigor 147/1997 de 27 de Mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la comercialización de los productos de la pesca (Publicación : BOJA 19 de Junio 1997). El Decreto, en el punto 2 de su Artículo 8, dice literalmente que "no se podrán realizar en las lonjas y en los recintos pesqueros portuarios segundas y sucesivas ventas de productos frescos de la pesca, una vez que en la primera venta haya recaído adjudicación. Tampoco se permitirán ventas de productos congelados o transformados a bordo". Manifiestan las empresas denunciantes que en la actualidad, desde vehículos industriales y desde varios almacenes sitos en la edificaciones anexas a la lonja de pescados, se ejerce la mencionada venta ilegal sin ningún tipo de reparo ni encubrimiento por las empresas y personas responsables, "consecuencia esto de la falta de celo al respecto tanto de la Autoridad Portuaria de Almería como de la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca, siendo ésta una situación que produce una grave falta de control administrativo", indican los afectados. "Pero sin duda la situación más preocupante es la falta de control sanitario, en tanto que no se emiten por parte de los vendedores ilegales los correctos documentos acreditativos de la trazabilidad del producto, ni de su etiquetado correspondiente", sostienen.

Los afectados afirman que llevan denunciando la situación desde el pasado año 2009

En situación opuesta a la descrita hasta ahora, las empresas que ejercen su actividad de segunda venta de manera legal, según la normativa en vigor "fuera del recinto portuario", están sometidas y así dicen asumirlo, a los más estrictos controles administrativos, sanitarios y laborales, pero al mismo tiempo están "sufriendo un irreparable perjuicio económico por competencia desleal e ilegal, amparada ésta por la inacción de la administración dentro del recinto portuario", afirman sus responsables.

En el tejado de las administraciones a las que éete asunto compete queda ahora la solución a estos hechos denunciados. Por parte de la Autoridad Portuaria, según aseguran los denunciantes, se debería "aplicar la resolución de los contratos de arrendamientos de los locales por actividad ilícita en los casos que ésta se produzca". Respecto a la Delegación de la Consejería, consideran que deberían "ejercer con eficacia las inspecciones necesarias, hacer efectivas las sanciones que se impongan y no dar por buenas las históricas y poco verosímiles justificaciones argumentadas por los vendedores ilegales en cuanto a que su actividad se limita a la distribución de los productos y no a la venta directa".