La Mancomunidad del Bajo Andarax ha explotado. El anuncio de la delegación de Medio Ambiente de abrir expediente sancionador a los municipios del Bajo Andarax por los vertidos al río Andarax ha supuesto la gota que colma el vaso y que vislumbra nuevas desaveniencias de los siete municipios que conforman la comarca con la Junta de Andalucía.

Tal y como ha señalado en un comunicado de prensa el presidente de la Mancomunidad, Eugenio Gonzálvez, este anuncio es "una huida hacia delante de la institución andaluza para tapar su manifiesta incompetencia a la hora de resolver la grave situación generada" ya que a su juicio, "no es de recibo que a través de este expediente sancionador se quiera convertir en culpables a los municipios del Bajo Andarax, que son víctimas de la inoperancia y los reiterados incumplimientos de la Junta".

Gonzálvez ha remitido un comunicado al delegado del ramo, José Manuel Ortiz, en el que le ha recordado, que en los años 2004, 2006 y 2008 se suscribieron tres protocolos entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax por los que la institución andaluza se comprometió a llevar a cabo con carácter prioritario el proyecto de abastecimiento y saneamiento del Bajo Andarax, que incluía las canalizaciones y ampliación de la depuradora de El Bobar para el tratamiento de las aguas residuales del río.

"Para solucionar el problema de los malos olores y la proliferación de mosquitos generado por las aguas residuales tendrían que haberse realizado por parte de la Junta de Andalucía la canalización de las aguas residuales del Bajo Andarax, que todavía no está hecha y las obras de ampliación de la depuradora, que tendría que haber terminado la Junta en el año 2010 y que cuatro años más tarde todavía no ha concluido", añade.

La Mancomunidad entiende además, que corresponde por Ley a la Junta de Andalucía y no a los ayuntamientos la competencia y responsabilidad de intervención en el cauce del río para garantizar su adecuado mantenimiento. "Los ayuntamientos del Bajo Andarax estamos pagando un canon por los vertidos, que cuenta con la correspondiente autorización de la Junta de Andalucía, que está obligada a emplearlo para proteger y mejorar el medio receptor, cosa que no ha hecho", concluye.