La situación de la Policía Local, con un problema actual de déficit de número de agentes que se va a agravar por la jubilación calculada de entre 50 y 60 efectivos, retorna a asunto de conflicto en el Ayuntamiento, después de que el equipo de gobierno haya optado por esperar al decreto regulador que “autorice” a las administraciones locales a incorporar nuevas plazas a las ofertas de empleo público. Una decisión que, en opinión de Ciudadanos, no está justificada ni desde el punto de vista legal ni económico, por lo que la formación naranja ha registrado una moción en la que urge a convocar estas oposiciones.

La situación es la siguiente, según las cifras que ayer, en rueda de prensa, aportó el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla. La plantilla actual de la Policía Local está conformada por 250 agentes, una cifra que dista de la ratio recomendada por la Unión Europea que la sitúa en 400. “Situación que se verá agravada ante la previsión de que puedan llegar a jubilarse hasta 60 agentes, entre 2018 y 2019”, ha advertido Cazorla ante la aprobación de la jubilación anticipada.

“¿Vamos a dar a lugar a tener 60 policías menos? Es una irresponsabilidad”, califica el portavoz de la formación naranja, quien entiende que los argumentos empleados por la concejal de Personal, Lola de Haro, en la Mesa de Negociación de la oferta de empleo público no son aceptables. De hecho, expone cómo otros ayuntamientos, entre ellos Córdoba, no han esperado al mencionado decreto para iniciar el proceso y evitar verse con un “grave problema de seguridad”.

La moción que defenderá en el próximo Pleno exige al equipo de gobierno incrementar las plazas del cuerpo de Policía Local en la oferta de empleo público de 2018 por el anticipo en la edad de jubilación (a los 60 años), de manera “urgente”, siendo posible incluir una adenda a los acuerdos de la Mesa de Negociación.

La propuesta de la formación naranja se basa en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y en el contenido de la disposición adicional centésima sexagésima quinta, que contempla una tasa adicional para que se cubra la reposición exclusivamente de estas plazas, independiente del resto de la oferta de empleo público limitada por la conocida como Ley Montoro.

“Existiendo un amparo legal absoluto, no convocar esas plazas es un ejercicio de

”, ha criticado Miguel Cazorla, quien ha preguntado al equipo de gobierno del Partido Popular si va a dar lugar a que Almería se quede sin unos 50 efectivos el año que viene, teniendo que esperar dos años más hasta que se incorporen los nuevos agentes.