"Se ha ido ya. Ninguno de estos coches es suyo. No hace falta que esperéis más". Con esas palabras profesores del CEIP Ferrer Guardia de La Cañada constataban ayer a los medios una realidad: Resurrección Galera quiere dejar atrás una faceta pública que nunca deseó y que no hubiese existido si hace 17 años el Obispado no hubiese decidido prescindir de sus servicios como profesora de religión por casarse por lo civil con un divorciado. Ahora lo único que desea esta docente es poder retornar a su rutina y ser una más entre sus compañeros. Así lo trasladaba también este martes su abogada, la laboralista Amalia Robles de CCOO Almería, quien afirmó que Galera está "feliz" tras haberse visto "obligada" a permanecer 17 años sin ejercer su profesión por "un hecho tan simple como casarte por lo civil con una persona a la que quieres". Por ello, tras este "duro" trago, la profesora quiere "normalizar su vida, asistir a clase, atender a sus alumnos y vivir su vida como un ciudadano más". En declaraciones a los periodistas, Robles señalaba que Galera, quien ha declinado atender a los medios, quiere que su caso "no sea ya novedad" aunque ha insistido la importancia que supone su reincorporación a "su puesto, más cuando se han reconocido tus derechos y has encontrado en el camino tantas dificultades".

La disputa con el Obispado de Almería enfrentaba la defensa de los derechos laborales de Galera con los que la Diócesis considera que tiene gracias a la Constitución y los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado para elegir a la persona más idónea según el credo de esta confesión religiosa para formar a los niños en la misma. Desde el Obispado siempre se ha defendido que no se trataba de una cuestión personal contra Galera sino de la defensa de este derecho y han apuntado que se acatará esta resolución judicial. Cabe recordar que en declaraciones a Europa Press en octubre de 2017, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, insistía en que el Obispado "no está obligado a otorgar" la autorización que "necesitaría" el Ministerio para proceder a la contratación de Galera debido al "principio de laicidad" que establece la "total independencia" de las confesiones religiosas con respecto al Estado en materias que son "propias de su competencia". Llegó a asegurar que "hay sentencias que son imposibles de acatar" y apeló al derecho a la libertad religiosa que garantiza la Constitución Española.

El último fallo del Supremo se dictó a finales de 2016 y para llegar a este punto han pasado casi dos años. "Quizá demasiado tiempo", afirmaba Robles señalando que durante estos años han cambiado los jueces y se han recurrido prácticamente todas las resoluciones judiciales. El alto tribunal condenó al Ministerio de Educación, a la Consejería de Educación y al Obispado de Almería a "readmitirla y pagarle los salarios de tramitación que se devenguen hasta que la readmisión tenga lugar". Galera trabajó como profesora de religión y moral católica en dos colegios públicos desde el curso 1994/95 hasta el 2000/01, prestando sus servicios para el Ministerio de Educación, a propuesta del Obispado de la Diócesis de Almería. En septiembre del 2000 contrajo matrimonio con un divorciado, por lo que el Obispado la excluyó de la relación de profesores.