El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha tachado de “aberración jurídica” la Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno con el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial, al que una vez más ningunea en su constante choque con el Poder Judicial, y ha señalado que con ella se ataca a la libertad individual, a la propiedad privada y al mercado de arrendamiento.

Castellón afirma que el cumplimiento de la Ley es incompatible con la expropiación de competencias que el Gobierno pretende hacer a las Comunidades Autónomas, y que el PP la recurrirá si no se modifica en el Parlamento y no la aplicará en ningún municipio ni comunidad autónoma donde gobierne.

Se trata a su juicio de Castellón de una Ley que atufa a “sectarismo ideológico” y que crea inseguridad jurídica en el sector, además de que provocará la espantada de los inversores a otros mercados exteriores con mejores condiciones.

“Lejos de bajar los precios el inquilino pagará más porque habrá menos oferta ya que los propietarios evitarán sacar las viviendas al mercado del alquiler. Esta norma genera desconfianza e instala la inseguridad jurídica en todo el sector que lo que necesita es la confianza de los inversores para generar riqueza”, manifiesta.

El diputado del PP afirma que el Gobierno debería haber optado por retirar esta Ley y empezar a tramitar una nueva, contando con el principal partido de la oposición, respetando la propiedad privada y facilitando que los jóvenes y familias accedan a un inmueble.

“Lo que nuestro país necesita es una Ley que combata la ocupación, tal y como lo llevamos demandando desde hace mucho tiempo en el Partido Popular, y por supuesto que proteja al propietario y no al delincuente”, subraya.

Por último destaca que en el caso del Gobierno Andaluz ya se ha anunciado que está dispuesto a recurrir en el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda si invade competencias de la comunidad autónoma.

“Desde la Junta están absolutamente en contra de cualquier intervencionismo en el mercado de la vivienda. Se trata de una Ley que de primeras nace mal y el varapalo del Consejo General del Poder Judicial debería hacer reflexionar al Gobierno de España”, concluye.