Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, se encuentran en pie de guerra y en huelga desde el pasado 24 de enero. La huelga ha sido convocada por las tres Asociaciones representativas del Cuerpo: Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINSEJU).

Pretenden reivindicar así el “cumplimento de la adecuación salarial de este cuerpo superior jurídico A1 --igual a jueces y fiscales-- comprometida por el Ministerio de Justicia en abril del pasado año por haber asumido desde el 2009 funciones y competencias antes atribuidas a los jueces sin la adecuada contraprestación”. Alejandro Asensio, del CNLAJ asegura a Diario de Almería que lo que se busca es que se lleve a cabo lo que el Ministerio prometió y que se encuentra “publicado en su misma página web”. “Hablan de huelga política, el señor Antonio Rodríguez, nuestro Secretario de Estado, la califica así y dice que atiende exclusivamente a algo diferente a lo corporativo o profesional. Nada más lejos de la realidad. Es una situación de dignidad. Ellos mismos determinan en su propio escrito que existe una necesaria dignificación de nuestra profesión (...) Intentamos buscar soluciones desde el primer día”, asegura.

Asensio asegura que todos los días se levantan esperando que el Ministerio “acerque posturas”, pero lamenta que no les hayan “tendido la mano en ningún caso”. “No han convocado al comité de huelga, no han hablado con ninguna de las asociaciones. Necesitamos respuestas. Buscamos diálogo, que finalmente se adopte una solución por parte del Ministerio. Hablan de la ley del “sí es sí”. Pues nosotros tenemos la ley del “no es no”, asegura.

Las togas de los letrados de la Administración de Justicia se encuentran colgadas en la Ciudad de la Justicia.

Javier García Maldonado, de la AINSEJU insiste en que hay que remontarse a 2009 y a la redistribución de la carga de trabajo, en la que “para descargar a los a los jueces y magistrados de ciertas tareas se encomienda al cuerpo de LAJ”. Sostiene que por “responsabilidad” se asumió esto, aunque también incide en que se prometió que pasada la crisis económica habría una contraprestación. “Hasta el año 2021, los presupuestos generales del Estado(PGE) se incluye expresamente la adecuación salarial del cuerpo de LAJ”, resalta, a la vez que añade que fue cuando se vieron los incumplimientos cuando a principios del año pasado comenzaron a llevarse a cabo unos paros parciales, que fueron desconvocados en abril cuando se llegó a una serie de acuerdos con las tres asociaciones, los mismos que fueron publicados en la web de Justicia y que “han sido incumplidos”. “Desde el verano, el Ministerio lleva sin escucharnos, hace oídos sordos, se hace el sueco, parece que no, que no recuerda lo que está escrito. Y no nos ha dejado otra solución que ir a una huelga indefinida”, abunda.

Donato Alférez, de la UPSJ, incide en que la situación es “surrealista”, ya que el Ministerio no ha realizando ningún ofrecimiento ni se ha abierto al diálogo, a pesar de hasta haber remitido hasta siete cartas en las que se pide que reciba al comité de huelga o se comprometa a una mediación. “El Ministerio no ha intentado poner una solución a ese conflicto y se ha intentado atacar al derecho a la huelga con manifestaciones, amenazas, insultos y el menosprecio a un cuerpo superior jurídico”. “Se ha hablado de que tendremos que pasar hambre nosotros y nuestros hijos antes que llegar a un acuerdo con nosotros. Se ha hablado que somos golpistas y que somos unos acomplejados”, ha lamentado.

Asensio coincide con Alférez a la hora de censurar las declaraciones que acusan a los LAJ de haber perjudicado un servicio público. “Evidentemente, se está perjudicando, como pasa con cualquier derecho a huelga (...) Ahora bien, nuestra mano ha estado tendida desde el primer minuto. También se ha dicho que perjudicamos al colectivo de los abogados (...) Dicen que nosotros estamos suspendiendo el mismo día. Lo hacemos porque todos los días nos levantamos pensando que no va a haber huelga, que ese día el Ministerio habrá tomado una buena decisión. Pedimos disculpas por todos los perjuicios a los ciudadanos, colectivos y operadores jurídicos (...) Ahora bien, el Ministerio es el único responsable de éstos”, ha recalcado.

Concentración de los LAJ en la Ciudad de la Justicia de Almería.

García Maldonado destaca a su vez el alto seguimiento de la huelga. “A nivel de Almería estamos en torno al 75%, con un seguimiento bastante sostenido tanto desde el inicio y a nivel nacional estamos rondando el 80%. Las cifras que da el Ministerio de Justicia son absolutamente sesgadas por una razón muy clara. Los servicios mínimos se han estipulado entre un 30 y un 40% de todo el colectivo nacional. En ningún caso los consideran como huelguistas, aunque en su inmensa mayoría la huelga y solo realizan, precisamente, servicios mínimos. A los compañeros que han estado de baja por alguna razón también se les considera como no huelguistas”, explica.

Alférez destaca que uno de los principales problemas es no existe una negociación colectiva propia, ya que el Ministerio sólo reconoce a los sindicatos generalistas, cuando “sus intereses no coinciden en absoluto” con los del LAJ. Subraya que en abril de 2022 Justicia se comprometió a recibir a las asociaciones para debatir los distintos asuntos que afectan al colectivo, pero esto no ha pasado.

García Maldonado cree que el ánimo sigue siendo “alto” entre los huelguistas, porque sus reivindicaciones son “justas”. Insiste con Alférez en que Justicia tiene que recibir al comité de huelga, que es el órgano que ha convocado la movilización. “Las partes deben sentarse a negociar. No puede llevar 15 días un conflicto laboral y que una de las dos partes, en este caso el Ministerio, precisamente de Justicia, ni siquiera se siente en la mesa a dialogar”, critica.

Pancarta colgada en la Ciudad de la Justicia de Almería.

Asensio lo tiene claro, la mayor, si no la única, responsabilidad del conflicto es del Ministerio. “Hay tiempo de revertir la situación. Estamos deseando trabajar (...) con dignidad, con unas retribuciones justas e iguales que al resto de funcionarios que desempeñan funciones con nuestra catalogación”, concluye.Entre otras peticiones, los LAJ recuerdan que se pactó la promulgación del decreto de sustituciones, que “entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de catorce millones de euros. Al hilo de dicho decreto, piden también recuperar los días de libranza, respecto de “aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica”.

También reclaman que se actualice el porcentaje actual destinado a este concepto y la reforma de los decretos de retribución del cuerpo de LAJ, “asimilando los complementos a los grupos de población establecidos para los médicos forenses”.

Recuerdan asimismo que el Ministerio de Justicia se comprometió a incluir en la Ley de Eficiencia Organizativa que actualmente se esta debatiendo en el Congreso de los Diputados, una enmienda que estableciera una clausula de enganche de la retribución de los LAJ a la de los jueces.