El exalcalde y actual concejal de Obras Públicas de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), defendió ayer que las corporaciones locales que presidió se limitaron a "aplicar" las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio en la concesión de licencias de obra y ha achacado los procesos penales abiertos a que no prosperó una moción de censura impulsada en 2004 por el grupo local del PSOE.

Unas palabras que llegaban después de que se aplazase la vista oral contra él así como contra varios exconcejales de la corporación local por autorizar presuntamente una promoción de viviendas en suelo no urbanizable en el paraje 'El Cucador' y que ha quedado suspendida hasta el próximo día 15 por enfermedad grave de uno de los acusados.

Fuentes judiciales han precisado en declaraciones a los periodistas que el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha emplazado a las partes a un nuevo señalamiento a la espera de los forenses determinen la gravedad de la dolencia, que no ha estimado el juez acreditada a la vista del informe médico presentado por el letrado de la defensa.

El juicio, por el que se enfrentan a una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, se celebraría sin la presencia de este acusado en caso de que se certifique que no puede asistir debido al tratamiento médico que sigue.

Trabalón, que confía en que "todo salga bien", ha subrayado que las licencias municipales, concedidas para viviendas unifamiliares sobre no urbanizable, se concedieron "igual que se ha hecho toda la vida en Zurgena, aplicando la normativa que se ha aplicado siempre" y con, según ha añadido, "informes técnicos y jurídicos favorables que guiaron el voto a favor".

Ha indicado que entiende que "no hay ningún tipo de delito" y que, a la vista de los citados informes "era una obligación concederlas" al tiempo que ha hecho alusión a los procesos contencioso-administrativos abiertos a instancias de la Junta de Andalucía para dirimir si las licencias son conformes a derechos.