Nueva confrontación con la Junta de Andalucía. Así podría definirse la Junta de Gobierno celebrada en la mañana de ayer en la Diputación Provincial tras aprobar la renovación del convenio de Equipos de Tratamiento de Familias pese a la deuda de 348.371 euros de la administración autonómica. Así lo denunció ayer el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien aseguró que el equipo de Gobierno realiza así "un ejercicio de responsabilidad, pese a que en el informe de intervención y en la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía se alude a que este asunto no es competencia de la Institución Provincial".

En esta línea, García apuntó que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social tiene pendiente ingresar en las arcas provinciales la citada cantidad e un total de 483.840 euros de subvención concedida, "lo que implica el menoscabo en las arcas provinciales de recursos propios para hacer frente a gastos financiados por la Junta de Andalucía, y a la vez que se evidencia la reiterada falta de cumplimiento de las resoluciones emitidas de concesión de subvenciones tal y como señala el informe de intervención, en el que también se recuerda que esta no es competencia de la provincia".

La prórroga tiene una duración de un año, hasta septiembre de 2013, y va a permitir por un lado que se siga ofreciendo este servicio a las familias con menores y, por el otro, el mantenimiento de 15 puestos de trabajo. Cabe destacar que estos 15 trabajadores atienden a un total de 306 menores y 133 familias asentados en 43 municipios de la provincia de Almería.