Un total de 83.133 personas han sido retenidas en centros de internamiento para extranjeros (CIE) desde 2011, a pesar de que más del 50 % de las mismas no podían ni fueron finalmente deportadas, según ha denunciado este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Son datos del informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’, presentado en Sevilla para "arrojar un poco de luz" sobre estos "espacios opacos y faltos de transparencia donde sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas migrantes allí retenidas".

Según una nota del colectivo, para elaborarlo se ha contado con el apoyo de colectivos y activistas de todo el Estado español, así como de los socios de la APDHA, que han elaborado un documento que detalla la realidad de los siete CIE actualmente operativos, y de otros espacios como los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) o los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

"Los CIE son a día de hoy una medida ineficaz, en la medida que no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular", asegura el coordinador general de la APDHA, Diego Boza.

Boza ha apuntado que "en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29 % y a un 34 % de las personas detenidas", por lo que los CIE son en la actualidad un "elemento de intimidación para la población migrante", además de trasladar "un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública".

Ha señalado que "en el Estado español se está metiendo, en unos edificios cuyas condiciones son peores que las de las cárceles, a personas que no han cometido ningún delito", y añade que "a partir de los primeros años del siglo XXI se ha intensificado un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia".

Boza ha denunciado además que “la mayoría de CIE se ubican en antiguas prisiones que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban” y que aquellos centros que se ubican en edificios de nueva construcción “mantienen una impronta carcelaria que vulnera la normativa existente”.

En este sentido, la coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, Ana María Rosado, ha dicho que “en los CIE se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido, aunque el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”.

Ha señalado, por ejemplo, que “en 2006 un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Sin embargo, el caso no fue juzgado hasta 9 años después y los policías acusados acabaron absueltos.

No obstante, para Rosado, “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIE son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública, a pesar de que no hubo consecuencias penales para los responsables de sus muertes”.