La segunda sesión del juicio por las consecuencias medioambientales del vertido de la mina de Aznalcóllar, en 1998, se ha desarrollado este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla con la presencia de tres testigos-peritos de la Administración que han insistido en la idea transversal que ya guio su actuación hace veinticinco años: tras el desastre ecológico, restaurar el uso agrícola de las miles de hectáreas afectadas por la contaminación era inviable. "Podías dar la sensación de que cualquier melocotón que se cultivase allí estaría envenenado", ha dicho una de las comparecientes.

La vista oral se ha movido entre esa línea argumental por parte de quienes trabajaron en el Corredor Verde y la insólita solicitud que el abogado de Boliden Apirsa ha efectuado al juez antes de que comenzasen las testificales. El letrado ha pedido a la Junta que sus testigos no realizasen declaraciones a los medios de comunicación al salir de la sala porque, en su opinión, podían influenciar a otros testigos al desvelar qué se estaba diciendo en el juicio. El origen de esta protesta era que uno de los testigos que depuso el martes habló después para la prensa ya en la calle, lo cual no gustó nada al representante de la multinacional a la que la Junta reclama 89,8 millones de euros por las tareas de limpieza de la zona contaminada en 1998. Lo insólito del caso, por un lado, es que un portavoz de Boliden también efectuó declaraciones a los periodistas hace dos días y, por otro, que todo lo que se comenta en el juicio es publicado por los medios y lógicamente puede ser leído o visto por cualquiera, sea testigo o no.

Ante tal petición, las abogadas de la Junta han recordado que casi ningún testigo trabaja ya en o para la Junta (la mayoría están jubilados) y el juez, como mucho, se ha comprometido a advertir a quien aún sea funcionario que no comparezca después ante los medios. En cualquier caso, ninguno de los tres que ha declarado este jueves ha tenido que ser avisado de nada. Y aunque hubiera sido así, tampoco habría servido de mucho porque ningún medio lo habría estado esperando en la puerta del edificio Viapol. Todos los periodistas, en mucha menos cantidad que el primer día, han permanecido en la sala de vistas todo el rato.

Al margen de esta anécdota inicial, la primera testigo-perito en hablar ha sido una trabajadora de Egmasa que entró en la Oficina de Recuperación del Guadiamar para unificar la documentación que fueron enviando las distintas Consejerías tras el desastre. También como punto curioso, esta ingeniera de Montes ha rememorado que al principio hubo tanto "pánico" entre la población ("una mujer llamó preguntando si su hijo podía bañarse en la playa y otro ciudadano preguntó si se podía comer pescado", ha relatado) que el responsable de la Oficina mandó cambiar el color de la sede física, que era negro, por el verde.

En cuanto a la posibilidad de dejar el área dañada tal cual estaba antes, dedicada a usos agrícolas, la testigo ha sido tajante: "No se podía, por el riesgo de que no se hubiese podido limpiar hasta el último resto de contaminación. Si plantabas un cultivo, podías dar la sensación de que cualquier melocotón estaba envenenado. En una finca se eliminaron frutales no afectados para que ni siquiera existiese el riesgo de que hubiera frutas que pudieran llegar al cauce del Guadiamar", ha contado. En vez de retomar el carácter agrícola de esos terrenos, la Junta optó por una restauración vegetal, lo que generó un gasto que Boliden no entiende como justificado.

"La urgencia era retirar los lodos antes del otoño para que la lluvia no llevase la contaminación a Doñana. Después no pasó nada, porque no llovió", ha explicado también la funcionaria, quien ha aclarado que en las comisiones de seguimiento de las tareas de limpieza sólo participaron "personas de la Administración", pero no de Boliden.

El siguiente testigo, también empleado de la empresa pública Egmasa, fue el coordinador de control de calidad ambiental de la Oficina de Recuperación "dos o tres años" después de la catástrofe. "Medía las concentraciones de metales pesados o químicos en esos momentos. Los muestreos se hicieron en zonas afectadas y no afectadas porque necesitábamos una referencia de cuáles eran las concentraciones normales en las zonas donde no se había producido el vertido", ha señalado.

Esos muestreos no fueron puntuales, sino "periódicos" para así "medir la evolución de la concentración de contaminantes" y "evaluar la eficacia de la limpieza" que se estaba llevando a cabo. "Los metales no desaparecen, o se quedan o se mueven. Nosotros intentábamos ver en qué medida se quedaban en el mismo sitio o se movían", ha explicado. Y preguntado por la inversión que pudo suponer este trabajo, ha calculado que "el 99% de los contratistas de estas tareas de control ambiental eran los propios laboratorios de la Junta".

También de la Administración pública eran los viveros de los que procedían las plantas con que se regeneró la ribera del Guadiamar y otras tierras contaminadas por el vertido. Así lo ha destacado el último testigo, entonces jefe de servicio de Restauración Forestal.