El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones de la comisión de investigación por la presunta trama de espionaje político en la capital española, que determina que no existen responsabilidades políticas de los hechos investigados y que la Comunidad ni ordenó ni amparó realizar labores de espionaje. La votación contó con 65 votos a favor de los populares, mientras que la oposición, integrada por PSOE e IU sólo pudo sumar 50. Entre los escaños del PP destacó la ausencia del ex consejero Alfredo Prada y de la diputada Carmen Rodríguez Flores, ambos supuestamente espiados y que decidieron ausentarse de este Pleno. 

Tras una sesión plenaria en la que se aprobó adelantar en el orden del día el debate del dictamen para que tuviera más visibilidad, las conclusiones aprobadas fueron las propuestas por el PP, que establecen que el Gobierno regional no ha amparado ni conocido ningún espionaje a políticos, y que deja el esclarecimiento de los hechos en manos de la Justicia.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona", asegura la primera de las conclusiones del dictamen que aprobó hoy la Asamblea de Madrid. El informe también establece que la "comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País' y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".

No obstante, la oposición defendió su postura a través de la defensa de los votos particulares, que les permitieron decir una vez más que sí hubo espionaje, así como de responsabilizar de los hechos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y reclamar el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. El PSOE aseveró que "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político" y del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos, forzando un cierre abrupto de la comisión", e IU consideró que la jefa del Ejecutivo autonómico, "por acción u omisión, tiene responsabilidad de todos los hechos que afectan al Gobierno regional". 

Asimismo, la oposición reclamó de nuevo el cese del consejero Granados. El PSOE le considera "responsable directo" del caso, e IU destaca que los presuntos espionajes se realizaron en la cartera de Granados, por lo que también pide su dimisión o cese.

En línea con las tesis que el Grupo Popular ha defendido a lo largo de las cuatro jornadas de comparecencias que ha vivido la comisión, el dictamen se remonta a épocas del Gobierno de Joaquín Leguina para explicar la creación de un equipo de Seguridad en la Comunidad, y resalta que el grupo "se potenció" con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

El escrito defiende que todos los comparecientes dependientes de la cartera de Granados "han declarado bajo juramento" que no han ordenado, ni amparado ningún seguimiento, informe o espionaje y, en esta línea, destaca que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de la comisión, "no son ni documentos de la Consejería ni tan siquiera corresponden en muchos casos con las agendas oficiales".

Dentro de los presuntos partes, el texto resalta también que "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de los profesionales de la seguridad con décadas de experiencia", y hacen referencia también a los análisis grafológicos realizados por el presidente de los peritos, Castor Iglesias, indicando que "las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas que las informaciones periodísticas han apuntado como presuntas autoras".