La Audiencia Provincial de Almería ha condenado al dueño de un perro a pagar más de 7.000 euros a los agentes de la Guardia Civil que fueron atacados por el animal durante una redada en un club de cannabis en Aguadulce. El juicio se llevó a cabo por la imputación de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, con la constitución de una asociación ilícita de consumo de cannabis y con un delito de atentado contra dos agentes de la autoridad.

En noviembre de2019 varios agentes de la Guardia Civil realizaron una redada en una asociación cannábica que acabó con la detención de los miembros que formaban parte de la junta directiva. Cuando estaban accediendo al segundo de los locales del club, que servía de domicilio a uno de los acusados, los guardias civiles vieron que tenía un perro potencialmente peligroso y le ordenaron que lo atara. El hombre obedeció, pero cuando los agentes ya estaban en el interior del local, "con intención de atentar contra la integridad física de los guardias, le quito el bozal al animal y le dio dos palmadas en el lomo alentando a que les atacara, momento en el que el perro se abalanza sobre el primero de los agentes, al que mordió en varias ocasiones en la pierna, siendo ayudado por el segundo de los agentes, al que igualmente mordió en la mano cuando intentaba quitar al perro de encima de su compañero".

Como consecuencia de los hechos, el primero de los agentes sufrió diversas heridas consistentes en "hematoma en tercio medio de pierna derecha de 18x 6 centímetros, herida incisa en hueco poplíteo derecho, tres heridas por desgarro y una erosión lineal con hematoma en la cara interna del muslo derecho. Para su curación el agente necesitó de antibióticos, vacuna antitetánica, analgésicos, antiinflamatorios, y curas diarias y tardó en curar 36 días dejándole importantes secuelas. El otro sufrió heridas en la muñeca, que necesitó para su curación de vacuna antitetánica, analgésicos, y un punto de aproximación y tardó en curar 15 días".

Los acusados fueron condenados por varios delitos contra la salud pública, a penas que van desde un año a 3 años y dos meses. Igualmente fueron condenados por un delito de asociación ilícita a dos años de prisión. Por el delito de atentado contra agente de la autoridad con instrumento peligroso, el acusado ha sido condenado a la pena de 3 años y 2 meses de prisión, debiendo indemnizar a los agentes en 6400 € al primero de ellos, y a 700 € al segundo.

Según el abogado de los guardias civiles, Fran Peláez, del despacho de abogados PenalTech, que tiene el servicio jurídico de la asociación profesional Aprogc, "lamentablemente, en ocasiones, se hace uso de perros de raza peligrosa como medio para atacar a la víctima. Esto supone una circunstancia que agrava el castigo para el culpable como así ha ocurrido en nuestro caso, en el que los guardias civiles únicamente pretendían hacer su trabajo".