El impulso de los significativos avances e importantes cambios operados en materia medioambiental y de justicia social en el estado español y sus comunidades autónomas, tanto durante las últimas décadas del pasado siglo XX como en las dos ya superadas del siglo XXI, tiene su soporte en las iniciativas que hemos llevado a cabo los socialistas frente a la permanente desidia y el obstruccionismo que ha caracterizado a los gobiernos de la derecha.

Una nueva prueba de ello ha sido la aprobación en el Senado el pasado mes de abril de la nueva Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, que sienta las bases que orientarán los ambiciosos cambios que deben implementarse desde ahora en nuestra sociedad y sus actividades económicas, para ganar el futuro.

El consenso, -qué palabra- alcanzado por una amplia mayoría, ha permitido superar los vetos y enmiendas inicialmente presentadas por los partidos de la derecha y ultraderecha que eran absolutamente contrarias a lo establecido por la Unión Europea y el Acuerdo de París.

Ese consenso ha permitido, además, recoger y atender también las sensibilidades y demandas de los territorios, al garantizar la participación activa de los Ayuntamientos y posibilitar la conciliación de la imprescindible transición energética, en la que ya estamos inmersos, con la necesaria justicia social. En este sentido, la nueva norma va a contribuir a la modernización de nuestra economía e industria y a la creación de empleo, apostando a la vez por la salud de los ciudadanos y por nuestra biodiversidad.

La aprobación de esta ley se produce a la par que la aprobación por el Consejo de Ministros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el que contaremos con la ayuda de los Fondos Europeos. Se trata de una oportunidad que, en la práctica, debe posibilitar el inicio del nuevo modelo de desarrollo duradero y respetuoso con los límites del planeta que la sociedad española, pero muy especialmente los jóvenes, nos exigen.

La nueva ley conjuga a la perfección las tres E (Ecología, Economía y Ética), tanto en la escala local como en la global, ya que ha sido construida para atender las necesidades de cambios en el modelo de desarrollo de todos los ciudadanos que habitamos en nuestro país, pero reconociendo nuestras responsabilidades con el resto de ciudadanos del planeta.

Pese a estos avances conseguidos en las Cortes Generales, el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla lleva tres años sin desarrollar la "Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía" que los socialistas les dejamos aprobada por mayoría de todos los grupos del Parlamento.

La derecha ha dado sobradas muestras del poco interés que les suscitan estos temas. Solo hay que recordar a Rajoy restando importancia al cambio climático, aludiendo a su primo científico, para conocer que las prioridades del PP son otras. En este momento, además, cualquier decisión que se quiera tomar en Andalucía depende de la aprobación de la extrema derecha y no parece que PP y Ciudadanos estén por la labor de torcerle el gusto a Vox.

En materia de cambio climático y transición energética estamos obligados a ir todos a una de manera irrenunciable. Cuando aún no hemos salido de este tremendo toque de atención a la población del planeta que está siendo la pandemia Covid-19, nos enfrentamos ya a la mayor amenaza para el presente y el futuro de la humanidad: el Cambio Climático.

Una amenaza que pone en jaque los derechos humanos (el derecho a la alimentación, a la salud, al acceso al agua, a la seguridad ante desastres ambientales, etc.) y nuestra propia subsistencia en el planeta, si nuestros comportamientos y maneras de hacer no cambian de rumbo. Por ello, los socialistas vamos a seguir trabajando con normas como la que acabamos de aprobar en el Senado español para evitar que esa amenaza se vuelva realidad, cambiando el presente para ganar el futuro.