E L día uno de diciembre, si Partido Popular y Partido Socialista no se ponen de acuerdo, la empresa GALASA (Gestión de Aguas del Levante de Almería) quebrará y con ella el sueño que un día tuvo la Diputación que encabezó Tomás Azorín, de resolver los problemas de una comarca con sequía endémica, escasez permanente y peor calidad del líquido elemento.

El empecinamiento de unos y de otros, no sabría decir quien puso más para inclinar la balanza, puede dar al traste con un proyecto coherente, razonable y viable, que ha sido capaz de hacer comarca, unir pueblos y romper con el mito de la división y el individualismo, para dar paso al equipo, al trabajo común y al objetivo único.

Tan coherentes parecen las propuestas del equipo de gobierno como las de la oposición. Entonces, ¿qué los está abocando al fracaso? Sin duda, la cabezonería, la incongruencia, el sacar tajada política, no pensar en el colectivo, sino en el individuo y, lo que es más grave, creer que con ello se asesta un golpe mortal al contrario, del que nunca será capaz de reponerse. ¡Cuánta ironía! ¡Qué profundo ahogamiento en el absurdo! ¡Qué corto de mira se llega a ser cuando te ciega la incoherencia y las anteojeras te impiden ver más allá de dos pasos frente a tus narices y no la realidad en su plenitud! Si el milagro no se produce, más de cien personas pueden ir a la calle y, lo que es peor, la deuda que arrastra la empresa, -insisto una excelente iniciativa como mal gestionada ha sido desde su creación-, tendrá que ser asumida por los ayuntamientos, a los que acogotará durante décadas y de la que van a tener muy difícil desprenderse. Con ser esto grave, lo es más que no tengan asegurado el suministro de agua potable, o al menos de calidad, para una zona en la que la población se multiplica en verano y en la que la pluviometría brilla por su ausencia en los últimos lustros.

Luego está la escasa credibilidad de unos y otros cuando hablan de pérdidas en la red. El 45% del agua desaparece en las tuberías que van desde los depósitos municipales a cada una de las viviendas de los pueblos integrados en Galasa. ¿Quién debe asumir su arreglo, para reducir en la medida de lo posible el precio del agua? Parece indudable que son los propios ayuntamientos los que, a través de ayudas de la Diputación y planes provinciales, sean los que asuman la mejora. Sin embargo, y como me comentaba un diputado hace unos días, al que no le faltaba un ápice de razón, "levantar calles y cambiar tuberías no da votos. Es dinero que se entierra y no se ve". Viste más y parece que por ahí han caminado y caminan muchos de los pueblos, la ejecución de una pista de pádel en pueblos en los que no hay niños, un edificio polivalente para que esté cerrado o se abra dos veces al año o una piscina que no se va a poder llenar por falta de agua. Un auténtico dislate.