El ámbito local debería jugar un papel fundamental en la prevención de la violencia de género, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. Pero la realidad evidencia que, a pesar de los terribles datos y de las iniciativas del PSOE en esta línea, algunas de las cuales se han aprobado en Pleno, el PP apenas hace gestos hacia la galería y olvida sus compromisos. En la actualidad, el Ayuntamiento no presta una atención especializada jurídica y psicológica en el centro de la Mujer, tal y como se aprobó en Pleno, a propuesta del PSOE. Pasado el COVID los centros de la mujer han ido abriendo para dar cursos, pero no para prestar ayuda a la victimas de violencia de género. También Almería se declaró en Pleno, a propuesta del PSOE, 'Ciudad libre de violencia de género', pero no se han puesto en marcha ni siquiera programas laborales para apoyar y ayudar a las victimas de maltrato. Tampoco el alcalde considera necesario contar con un Observatorio para la Igualdad, que tanta información podía proporcionar, y ni siquiera ha llegado a negociar un protocolo de actuación frente al acoso entre sus propios trabajadores.

Se aprobó en Pleno la creación de una mesa para poner en marcha un 'Pacto Local de Lucha contra la prostitución y la trata', verdadero problema en nuestra ciudad, como ha puesto de manifiesto incluso la fiscalía, y nada se ha hecho al respecto. Es muy importante que, en el marco de las competencias locales, las políticas públicas en materia de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan como objetivo la abolición de la prostitución.

Almería es la quinta provincia de España con mayor índice de delitos sexuales, según la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. En nuestra provincia, durante el año 2020 se han registrado 266 delitos sexuales, cantidad que aumenta un 2 por ciento en los primeros meses del año 2021.

La violencia contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres, y proteger a las víctimas, no es una opción, es una obligación democrática. Esta guerra silenciosa contra las mujeres nos interpela y los ayuntamientos deben combatirla con todos los medios a su alcance.