En la época en que yo iba al colegio en las vacaciones de verano nos daban unos cuadernillos para practicar y no perder lo aprendido durante el curso. Se incluían diferentes temas para repasar las principales materias. Yo los empezaba con mucha ilusión pero que a las dos semanas me aburrían sobre manera y los abandonaba en un rincón. En estos días a algunos les vendría bien tener uno de esos cuadernillos y repasar un poco de matemáticas, de conceptos básicos como la suma, el orden de los números, la propiedad conmutativa o la diferencia entre mayor y menor.

Nuestro sistema no es presidencialista, como el norteamericano, no elegimos a una persona para ser presidente. Aquí elegimos a un conjunto de representantes, en total 350, que conforman el Parlamento. Si ningún partido alcanza más de la mitad de dichos representantes, se inicia un proceso de negociaciones y alianzas para alcanzar esa mayoría y poder gobernar el país. Esto es así desde la Constitución de 1978, produciéndose lo antedicho en múltiples ocasiones y en todos los estamentos del Estado, desde los Ayuntamientos, a Diputaciones y Parlamentos Autonómicos, como ha ocurrido hace unos días en Valencia, Baleares o Extremadura.

Y esos acuerdos son totalmente legítimos, puesto que cualquier diputado que salga elegido, no importa de qué partido ni de qué región del Estado, es un representante de los ciudadanos que, tras un proceso democrático de votación, ha sido refrendado, lo que le faculta para tomar las decisiones que considere más oportunas.

Afortunadamente hace muchos años, más bien siglos, que superamos el concepto de ‘poder divino’, a pesar de que algunos nostálgicos pretenden seguir aplicándolo cuando les conviene, una hilarante consideración de creerse los herederos de tal privilegio.

Los ciudadanos delegamos nuestra representación en esos Diputados, y ellos, en el libre ejercicio de sus facultades, toman decisiones, entretejen alianzas, llegan a acuerdos y eligen a la persona que será el Presidente del Gobierno. Este conformará su equipo y determinará la política a seguir, sometiendo sus decisiones a la aprobación del Congreso. Esa designación es totalmente legítima y el Presidente, durante cuatro años, podrá seguir ejerciendo su cargo mientras obtenga la confianza de la mayoría de la Cámara.

Todo lo demás son balas de fogueo, fuegos artificiales o maniobras orquestales en la oscuridad.