Hoy, lunes, 25 de julio, festividad litúrgica de Santiago Apóstol, Patrón de España, a pesar de estar este quijotesco país quemándose, nos encontramos con la Ley de Memoria Democrática que falsea nuestra historia de forma deliberada en un parlamento alineado con la izquierda radical y el independentismo antiespañol, que en vez de estar pensando cómo afrontar la crisis económica, evitar el incremento del gasto público, de la deuda y de los impuestos, se desea quebrar las leyes que dieron lugar a la fundación de nuestra democracia durante el periodo de Transición política hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978, que puso el punto y final al anterior régimen político.

Esta Ley de Memoria Democrática, apoyada por quienes todavía no han condenado los crímenes etarras, los del tiro en la nuca y la bomba lapa debajo del vehículo, los mismos que durante más de 40 años pusieron en jaque con el derramamiento de sangre inocente el sistema de monarquía parlamentaria y democracia social y derecho, expresión de la verdad jurídica formulada a través de sendos referéndum celebrados el 15 de diciembre de 1976 y 6 de diciembre de 1978, que con esta apologética ley quieren excluir a una parte de la sociedad civil, que estaba y está cohesionada entre la verdad histórica y la realidad política actual, sin antagonismos ni acritudes relevantes para una continuidad en la convivencia nacional, incluso, en el propio marco de concordia europea.

Una Ley cuyo preámbulo refleja lo que posteriormente viene a ser su desarrollo fraudulento del texto, obviando el verdadero significado de lo que supuso el proceso constituyente, partiendo desde las Cortes Generales del anterior régimen autoritario hasta la constitución del Congreso y el Senado mediante la celebración de elecciones generales el 15 de junio de 1977 como expresión máxima el pluralismo político, consideraron que el pasado y el presente era para aunar y no volver a dividir, y nadie se opondría en contra de conocer la verdad desde el respeto humanístico e historiográfico.

Se hace necesario reformular esta ley, al igual, que la existente en la comunidad autónoma de Andalucía, incorporándose a ambas todo aquello que tienda a superar una visión no sectaria, ni excluyente de un pasado histórico, y no sembrar conductas que rompan el consenso político con la vulneración de normas constitucionales como la libertad religiosa, de pensamiento y de cátedra. Paz y Bien.