En los más de cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1978 nunca se habían producido tantos signos de deterioro de la cohesión nacional como los que hay ahora encima de la mesa. Ni siquiera en 2017, cuando frente al desafío separatista se activó el artículo 155 y de bloqueó la Generalitat hasta que se celebraron elecciones anticipadas en Cataluña. Tampoco cuando José María Aznar negoció en 1996 un pacto con Jordi Pujol que supuso, en la práctica, el desmantelamiento de las estructuras estatales en esa comunidad. Pero lo que la Carta Magna consideraba competencias exclusivas del Estado era un límite que se consideraba infranqueable. Ya se ha traspasado. La cesión de las competencias de inmigración abre una situación inédita en la que se trocea una materia extraordinariamente sensible. A partir de ahora habrá en España dos modelos de tratamientos para afrontar un problema tan delicado como es el de la inmigración ilegal y el Estado no tendrá competencias para ordenar esta cuestión en una parte de su territorio. Y el ambiente que hay en Cataluña, con sentimientos xenófobos que no se dan en el resto de España, no invita a ser optimistas. Si a ello se une las cesiones permanentes del Gobierno de la nación a las reclamaciones soberanistas de sus socios parlamentarios, desde la amnistía a los privilegios fiscales y financieros, no es muy arriesgado concluir que estamos asistiendo a un desarmen del Estado que no tiene precedentes en la democracia española. Ello va a crear, además de una fractura institucional de consecuencias imprevisibles, un agravio entre comunidades que profundizará las desigualdades que ya existen entre ellas. Esta situación va a afectar de forma muy directa a Andalucía, algo que el Gobierno andaluz no debería tolerar en forma alguna.