La Junta de Andalucía no contempla la posibilidad de asumir competencias en materia de inmigración en el caso de que la cesión a Cataluña pactada por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont abra esa posibilidad para el resto de las autonomías. Es una posición lógica basada tanto en criterios técnicos como en argumentos políticos bien fundamentados. La primera cuestión que hay que plantearse al respecto es para qué se quiere la capacidad de regular una materia tan sensible que, además, está blindada constitucionalmente como competencia exclusiva del Estado. La otorgación o denegación de la nacionalidad, la expulsión de personas del territorio nacional o la concesión del derecho de asilo son asuntos que no pueden ser troceados. Es inimaginable que se pudiera aplicar un criterio en el aeropuerto de Barcelona y el contrario en el puerto de Algeciras. Pero los españoles están ya curados de espanto después de lo visto en los últimos meses, por lo que la alarma que ha despertado el pacto, todavía no aclarado, del PSOE y Junts está más que justificada. Andalucía descarta pedir la inmigración porque ni su Gobierno ni el partido que lo sustenta piensan utilizarla como estrategia electoral o como argumento de posicionamiento político. Todo lo contrario de lo que pretende Puigdemont. Junts es, hoy por hoy, una de las fuerzas más reaccionarias de Europa con una deriva ultra que espantaría a cualquier progresista. Los ayuntamientos que la formación controla están asumiendo postulados xenófobos en una competición no disimulada con la extrema derecha separatista, que empieza a representar una amenaza electoral para ellos. Estos son los socios que Sánchez ha incorporado a su “pacto de progreso”. Quieren la inmigración para aplicar políticas en Cataluña que probablemente no compartiría ni Vox. Si el Gobierno cede, y todo apunta a que así será, no sólo estará de nuevo ignorando la Constitución, sino que dará aliento a fuerzas reaccionarias que en Europa se ven con evidente preocupación.