Ante todo conviene matizar sobre "anomalías democráticas" y establecer diferencias con las palabras del Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias en las que afirma que "en España no hay normalidad democrática plena por haber políticos encarcelados "alienándose con el Ministro ruso de exteriores Serguei Lavrov y con el régimen de Putin en sus descalificaciones sobre la democracia de España. Estas declaraciones han causado estupor en ámbitos políticos, intelectuales, jurídicos y amplias capas sociales por el ataque directo a la calidad de la democracia española sustentada en una Constitución democrática y garantizada por el Estado de Derecho. Pero siendo estas declaraciones de consecuencias graves en el ámbito de las relaciones internacionales, conviene primero asentar algo conocido por cualquier ciudadano mínimamente informado. España se legitimó como una democracia plena en el acuerdo común de cerrar una dictadura y comenzar un futuro mejor donde cupieran todos los españoles sin distinción alguna. Sobre esa base los partidos políticos que protagonizaron aquel encuentro se propusieron cerrar viejas heridas y transitar una nueva etapa política que únicamente podría avanzar por la senda democrática y constitucional. Y así fue como en menos de dos años de intenso trabajo y con el impulso decisivo de los españoles, pudieron cumplirse los propósitos de aquellos políticos convencidos que no habría otro futuro posible. Y desde aquellas elecciones libres de 1.977 y la aprobación de la Constitución en 1.978 España ingresó por su propio mérito en el club de las democracias avanzadas del mundo. Con luces y sombras se ha mantenido la etiqueta democrática de España durante gobiernos de UCD, PSOE y PP. Largos años de convivencia, pluralidad y tolerancia que hacían intuir un futuro de salud democrática. Hasta el primer aviso del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sembró la semilla de la discordia en clara negación de la legitimidad de las ideologías de centro derecha para gobernar. Pero entre la necedad y la ignorancia salpicada de un revanchismo sin fundamento, aquel necio de la mirada azul no traspasó las líneas rojas que cuestionaran la calidad de la democracia española. Y es cierto que tras las elecciones de 2019 y la alianza de socialistas y comunistas para formar gobierno, España padece una serie de anomalías democráticas que surgen de la propia naturaleza de ese pacto. Caben pocas dudas de las consecuencias de dar paso a comunistas populistas en el gobierno de España. Si además la preparación profesional y laboral de los miembros del ejecutivo de clara ideología marxista señala a un grupo de agitadores universitarios sin otro oficio que la política de barricadas, el peligro para la democracia es algo palpable y el deterioro institucional de consecuencias incalculables. Y esta es la cuestión de fácil entendimiento, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y adláteres no han llegado al Gobierno para mejorar en lo posible la democracia española de corte liberal, sino para acabar con ella. Bajo esta premisa la labor de demolición encuentra oportunidades para desprestigiar el sistema de gobierno que los españoles votaron con entusiasmo en todas y cada una de las convocatorias electorales y referendos. La maniobra es de manual de principiantes, para demoler un edificio hay de socavarle los cimientos; la Monarquía Parlamentaria, la Constitución, los Tribunales de Justicia, los Organismos de Control, El Ejercito y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y en eso están y habrá que convenir que se emplean a fondo y consiguen resultados muy visibles en apenas un año de gobierno. Es aquí donde hay que ubicar las anomalías democráticas que se suceden una tras otra desde que Pedro Sánchez es Presidente de este Gobierno frente populista. Bajo la excepcionalidad de una pandemia mundial se han vulnerado derechos y libertades esenciales en el orden democrático. La más llamativa y de gravedad extrema, la burla al control parlamentario decretando un Estado de Alarma por seis meses ininterrumpidos sin obligación de pedir al Congreso las posible prórrogas que establece la Constitución. Al amparo de esta anomalía constitucional de manera torticera el Gobierno ha ido aprobando leyes y decretos leyes por la vía de urgencia que nada tienen que ver con la excepcionalidad que requieren estos trámites legislativos y mostrando una arrogancia autoritaria impropia de la normalidad democrática; La Ley de Educación la Ley de la Eutanasia, la Ley Trans, la Ley de la Vivienda que ampara a los okupas y por ello atenta directamente a la propiedad privada garantizada en la Constitución. Y lo más preocupante, la reforma de la Ley que regula las funciones y elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Tal es la burla a las reglas elementales que rigen las funciones legislativas que el Gobierno elude los preceptivos informes previos del Consejo de Estado como Órgano consultivo pese a la declaración del Estado de Alarma. Incluso ocultando el informe del Consejo en el caso reciente del Decreto para manejar los Fondos que han de llegar de la UE vulnerando además La Ley del Gobierno al no enviarlo al Congreso y asimismo la Ley de Trasparencia . Nada de esto se encuadra en la normalidad democrática pero es justamente quien señala a España como una democracia débil quien protagoniza el debilitamiento de la misma con el silencio cómplice del propio Presidente del Gobierno quien no responde ante las acometidas de su Vicepresidente contra la estructura democrática del Estado. Por todo ello han sobrado razones para el manifiesto que han firmado varios ex dirigente y ex ministros del PSOE junto a otros de UCD, PP y Ciudadanos donde se define a Pablo Iglesias como " una persona socializada en el rencor e incapaz de comprender la importancia histórica y la altura moral del gesto de reconciliación entre los españoles" y aseguran que "España no ha tenido nunca hasta ahora un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país y que se pusiera al lado del crimen". Y concluyen exigiendo el inmediato cese de Pablo Iglesias "la democracia española no se puede permitir la presencia de un pirómano en el Consejo de Ministros. Ante la historia quedará la responsabilidad de quien le nombró". Sin duda Iglesias conoce el alcance y el daño que han causado de estas declaraciones en su calidad de Vicepresidente del Gobierno, pero el papel de agitador asambleario se ha impuesto sobre su responsabilidad institucional, su lealtad para el Gobierno y para el país que representa. La democracia española alcanza cotas de permisividad cuando en la Constitución de 1.978 no ilegalizó a los partidos comunistas tal como ocurre en numerosos países de Europa que conocieron el horror de la dictadura comunista impuesta en la URSS. Y concluye con la más sonora anomalía; la desfachatez que muestra sin rubor Pablo Iglesias para acabar con la democracia liberal está siendo alentada por su socio de referencia manteniéndolo como Vicepresidente del Gobierno.