La agenda

Los sabios pueden permitirse cualquier cosa para afrontar el futuro, pero la gente normal necesita ser ordenados al menos para verlas venir. Y para ello, nada como tener una agenda donde anotar lo que hay que hacer, repasar lo que se hizo y asumir lo que se dejó de hacer.

La agenda es un útil muy personal que se lleva de la mano. A lo más se deja a un encargado de secretos que la controle, porque en ella se incluyen objetivos, decisiones, visitas, compromisos y muchas más cosas, que forman parte del ámbito privado de cada uno. Todo cambia cuando se trata de un dietario para establecer metas, recoger decisiones o gestionar recursos de una organización. En tal caso se suele optar por otras cosas: planes, actas,… porque hay que incluir: la situación real, los medios disponibles, las personas implicadas,…; y, sobre todo, porque hay que dar cuenta de todo ello a los demás.

Digo esto porque, cuando se habla de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entra la duda de si se trata de una relación de criterios a asumir personal y voluntariamente para mejorar la sostenibilidad del planeta, o de un plan general de ineludible cumplimiento para todo ciudadano. Vamos, si son recomendaciones u obligaciones. La incertidumbre está en la respuesta que se quiera dar, ya que define el grado de libertad que se concede a cada individuo.

Si son recomendaciones, cabe pensar que respeta la libertad personal para asumir los postulados de partida y hacer una contribución acorde con las capacidades de cada uno. Si por el contrario son obligaciones, la cosa adquiere otro cariz muy diferente. Supondría asumir las hipótesis de partida, entregar la decisión personal a un colectivo y aceptar las responsabilidades que nunca se podrán exigir al grupo.

Con esta duda en mente, me viene a la memoria la conversación sobre el libre albedrío entre el señor cura y el cabo de la guardia civil en "Amanece, que no es poco". El diálogo de Casto Senra, Cassen, con José Sazatornil, Saza, es una de las escenas más originales de la película que, ya de por sí, lo es. Digo esto, porque ambos, limitados para actuar con libertad por su condición de miembros de la Iglesia y de la Guardia Civil, la conceden sin dudar a los demás, y la protegen. Una paradoja dentro de la paradoja, camuflada de esperpento, como toda la película.

Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 estableció puntos de partida que, en su definición, asumen una situación mundial cuanto menos caótica. Habla de todo lo negativo de una sociedad, para justificar diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas para "fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia". Si hacen falta de verdad, ¿quién podría negarse a asumirlos? Sin embargo, ese rosco multicolor de objetivos que adorna la solapa de algunos dirigentes políticos esconde supuestos de origen incierto o impreciso, cuanto menos, que crean dudas sobre las necesidades que expone. Y más si se analiza quienes propugnan su obligado cumplimiento dentro de las naciones.

Si se habla de fortalecer la paz universal, hay que mirar lo sucedido en los setenta y cinco años de las Naciones Unidas. Mientras declara la paz como una meta a alcanzar, prefiere encapsular conflictos en lugar de resolverlos. Se ve tras el paso de cascos azules por Corea, Chipre, Líbano, Congo, Timor,… Sólo el liderazgo de algunas naciones y organizaciones, ante la posibilidad de un prolongamiento indefinido, los resuelven. Véase Yugoslavia. En el fondo, si la Asamblea General incluye en su Agenda la necesidad de fortalecer la paz, significa que asume la realidad de un conflicto permanente y critica la ineficacia del Consejo de Seguridad y, por ende, a las naciones que, con capacidad de veto, lo componen: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una paradoja: reprocha a sus miembros por lo que la propia organización es incapaz de resolver. Y, si la cuestión es la justicia, nada como dedicar atención a la redacción que la Agenda 2030 española hace sobre este asunto del rosco multicolor. Una paráfrasis del postulado antisistema de la "justicia social", un mecanismo para degradar el sistema judicial del estado de derecho y sustituirlo por tribunales populares. Si quieren salir de más dudas sobre lo dicho, miren quienes tienen a cargo la Agenda 2030 en la administración española y donde terminan los fondos que le asigna el presupuesto.