Damos por supuesto que es un resultado inexorable: si los españoles hemos votado lo que hemos votado, no hay más remedio que aceptar que los resultados son como son. Y ahora todos dudamos que el desafío de la gobernabilidad sea resuelto satisfactoriamente por nuestros dirigentes. Una vez operado el mecanismo de la representación, nos enfrentamos al precipicio de la ingobernabilidad.

Si comenzamos por el final, por el problema de la gobernabilidad, en el panorama comparado sólo hay dos opciones solventes para enfrentar un entorno tan problemático: por una parte, el modelo alemán de la “gran coalición”, implicando en este caso un acuerdo de gobierno entre PSOE y PP. Lo que, visto el panorama en nuestro país, parece un imposible. Por otra, el modelo italiano de “gobierno tecnocrático”, ajeno en principio a la lógica partidista, que implica localizar a un “técnico” de prestigio a cuyo mandato se subordinen transitoriamente las mayorías parlamentarias. No teniendo, como no tenemos, a un Mario Draghi o alguien similar en España, parece que es soñar con utopías. Además de que, para ello, necesitaríamos a un Jefe del Estado algo más “suelto de manos”, como sucede en Italia.

Pero antes de la gobernabilidad hay un problema previo, el que afecta a la propia representación: ¿por qué tenemos estos resultados tan extraños, que acaban afectando a la gobernabilidad? Nuestra sensación colectiva es que si tenemos los resultados que tenemos, es porque, en efecto, esa es nuestra voluntad expresada en las urnas: y en efecto, cabría afirmar que esa es nuestra voluntad porque los españoles nos hemos empeñado en mantener una legislación electoral obsoleta, de más de medio siglo de antigüedad, que apenas hemos retocado en detalles nimios y que ahora sólo sirve para enredarnos.

El gran problema de la legislación electoral española no ha sido su impacto sobre las mayorías sino justo lo contrario: el modo como se trata a las minorías, convirtiéndolas en determinados casos en privilegiados árbitros de la gobernabilidad del Estado. Las claves de la ingobernabilidad se esconden en nuestra propia legislación electoral que, al cabo de los años, se nos ha olvidado reformar, permitiendo que existan unos monstruos minoritarios con una desmesurada capacidad de chantaje. Los innumerables retoques y revisiones que se han hecho a la Ley Electoral General han afectado a aspectos secundarios, pero dejando incólumes sus postulados fundamentales.

El único instrumento disponible en los sistemas electorales comparados para obviar estos problemas es la barrera electoral: es decir, superar un mínimo de votos al nivel nacional para acceder a la representación en el parlamento. En Italia un tres por ciento, en Alemania un cinco por ciento. En España, al colocarse la barrera electoral en la propia circunscripción y no al nivel nacional, se convierte en irrelevante porque en la mayoría de las circunscripciones, cuando se llega al nivel de la barrera electoral ya se han repartido todos los escaños. O sea que en España, en rigor, no tenemos barrera electoral como en Italia o Alemania.

Una inocente barrera electoral del tres por ciento produciría en nuestro país un efecto de limpieza de toda la basura electoral, eliminando a las opciones minoritarias que no consiguen el apoyo de un porcentaje mínimo tan exiguo. Unas minorías que sin duda podrían tener un protagonismo decisivo en la respectiva política territorial, pero no al nivel estatal.

Pero como en España vivimos en una mentalidad colectiva arcaica, donde los sistemas institucionales se consideran configurados con una pretensión de eternidad, no nos queremos dar cuenta de lo que supone el paso del tiempo; de que nuestra democracia se nos ha quedado anticuada y obsoleta; de que las normas políticas necesitan actualizarse, como necesitaba actualizarse la vetusta ley de estados excepcionales de 1981. Y si hay una ley que condiciona la gobernabilidad democrática de un país, esa es la ley electoral.

¿Alguien se imagina a estas alturas que puede funcionar de forma eficiente una democracia de pleno siglo XXI con unas reglas de juego que se remontan a medio siglo de antigüedad? Es decir, a un escenario donde todavía ni siquiera había culminado la transición; porque el esquema electoral español se diseñó en el año 1977 y así persiste todavía. Con los datos de las pasadas elecciones generales, una inocente barr era electoral del tres por ciento reduciría las claves de la gobernabilidad de nuestro país a ¡cuatro partidos! PP, PSOE, Vox y Sumar. Así de sencillo. Sin problemas para formar gobierno.

Cuando afirmamos que tenemos los resultados que nos merecemos, puede que en el fondo haya algo de razón: es lo que nos merecemos por no haber actualizado a tiempo nuestra legislación, operando al modo como lo hacen las democracias vecinas más próximas.