Siempre supimos que Jose Antonio Griñán era buena gente, asi lo afirmaban familiares y compañeros suyos. Fueron necesarios dieciséis años de instrucciones, investigaciones y procedimientos judiciales para declararlo culpable. Varios Tribunales de Justicia; la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo. Magistrados de considerable prestigio y calidad jurídica así lo han considerado.

Estas graves y rigurosas decisiones jurídicas fundamentas en hechos probados y con suficientes fundamentos de derecho se refieren al asunto de los ERES, algo que la opinión pública conoce incluidos ciertos detalles escabrosos. La conclusión es que Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta. La causa se inició en 2011 por la juez del nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Han transcurrido doce años desde el inicio de esta macro causa y un año desde que Griñán fuera condenado en sentencia firme del Tribunal Supremo a entrar en prisión. Según sostiene la Fiscalía las cifras señalan la mayor trama de corrupción de la democracia en toda Europa; 680 millones de euros defraudados o aprovechados en bolsillos de familiares, allegados, cargos políticos, militantes y amigos; por ejemplo 8,4 millones para el hermano del ex Presidente de Andalucia, Rodríguez de la Borbolla y 3,6 millones para el “amigo” que prestaba su chalet a Manuel Chaves.

Habremos de lamentar la situación de José Antonio Griñán aquejado de una grave enfermedad muy común en varones de su edad. En diciembre de 2023 la Audiencia de Sevilla en cumplimiento de la sentencia firme del tribunal Supremo ordeno el ingreso en prisión de todos los condenados por los ERES, entre otros a Jose Antonio Griñán. Sin embargo, su estado de salud es calificada en el informe forense de “enfermedad muy grave con padecimiento “incurable”, circunstancias que ha considerado el fiscal para solicitar que Griñán no pueda entrar en prisión. Estas solicitudes y repeticiones de informes forenses están resultando efectivos para que Griñán trate su enfermedad fuera de la cárcel. Resulta fúnebre y sorprende para muchos profesionales de la medicina esta aseveración pericial afirmando que la enfermedad de Griñán es “incurable” ya que adelanta un pronóstico cercano a una sentencia de muerte. Esta rotundidad médica es muy poco común en los especialistas en oncología que por la general tratan de suavizar los diagnósticos infundiendo a los pacientes alguna esperanza de vida. La trascendencia pública del informe forense habrá sido un jarro de agua fría para 259.788 pacientes que en 2020 en España se están tratando de cáncer de próstata con esperanzadores resultados. Según la Asociación Española Contra el Cáncer, en España uno de cada ocho hombres será diagnosticado de cáncer de próstata en el trascurso de su vida. En el año 2020 se registraron 33.341 casos de cáncer de próstata y hubo 6.112 fallecidos. Puedo atestiguar que entre familiares y conocidos míos al menos quince se han tratado y se han curado de cáncer de próstata. Estas calificaciones del informe forense sobre el estado de salud de Griñán, resulta muy desalentador para todos los varones españoles y habría causado desánimo al paciente Griñán y a su familia. Por tantas razones cabe desear que el médico forense se equivoque en sus terribles apreciaciones y como otros muchos pacientes pueda superar el tratamiento recuperándose de esta enfermedad.

En todo caso, si la situación clínica del enfermo pudiera mejorar y de algún modo pudiera seguir el tratamiento dentro de la cárcel, los abogados de Griñán y el resto de condenados por los ERES han registrado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo sobre sus condenas por por delitos de prevaricación y malversación en el manejo de los ERES. Hay serias discrepancias en relación a la admisión a trámite de este recurso que, en el fondo, según expertos juristas, vendría a ser una revisión de la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre los ERES. A juicio de dos Magistrados del TS; César Tolosa y Enrique Arnaldo con dicha decisión “la Sala se ha apartado sin justificación alguna del criterio seguido en asuntos precedentes en los que no hemos admitido la especial trascendencia constitucional de recursos de amparo que afectaban también a complejas causas penales de corrupción que han tenido lugar en nuestro país y que han alcanzado amplia repercusión política y mediática”. Añaden que “el Tribunal Constitucional no tiene competencia para definir o interpretar elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de la malversación al tratarse de una cuestión de estricta legalidad ordinaria”; el Tribunal Constitucional no puede ejercer de alternativa al Tribunal Supremo, ni un Tribunal de últimos recursos que puedan desnaturalizar, interpretar, revisar o pronunciarse en contra de las sentencias firmes del Tribunal Supremo, cúspide de la legislación ordinaria referidas a delitos en este caso tipificados en el Código Penal.

Como en todas las cuestiones de esta índole hay distintas apreciaciones de lo que el Tribunal Constitucional pueda o no pueda decidir en relación al mayor escándalo de corrupción y malversación que se ha conocido en España en esta etapa democrática. Habría que distinguir entre la circunstancia extraordinaria de especial gravedad sobre la salud de Jose Antonio Griñán, el sentimiento de compasión, incluso de afecto tan arraigado en la tradición española y la naturaleza y motivación de su condena así como la repercusión para millones de andaluces en situación de desempleo y precariedad que no pudieron beneficiarse de tantos millones de euros destinados expresamente a su mejor formación profesional y a posibilitar nuevas oportunidades de trabajo que con un procedimiento ilegal fueron defraudados, desviados o malversados por altos cargos políticos de la Junta de Andalucía.

Corren muchas apuestas en los círculos periodísticos y políticos sobre la decisión que finalmente pueda adoptar el Tribunal Constitucional sobre la suerte de Griñáñ y otros condenados por los ERES. Algunos suspicaces señalan la larga sombra de la “Toga de la Ceja” incrustada ahora en el TS y la Fiscalía. De ello dependerá la apreciación de la Justicia y su pronunciamiento en asuntos de malversación y corrupción de dirigentes políticos sobre dinero público. Una de las consecuencias más previsibles sería que ni un solo euro de los 670 millones defraudados volviera a las arcas públicas. Jolgorio entre los corruptos y ánimo para nuevas aventuras y corrupciones en el cenagal de la política.

La mayoría de los españoles de bien comparten los mejores deseos para la recuperación del bueno de Griñán. Prestigiosos urólogos afirman que los enfermos de cáncer de próstata debieran confiar en los avances de la medicina y la ciencia singularmente efectivos en la oncología. Al menos una esperanza al margen de los procelosos caminos del derecho y la Justicia.