Sociedad

División de la comunidad educativa por la retirada de los crucifijos en las aulas

  • El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbrugo insta al Gobierno a llevar a cabo esta acción.

Comentarios 3

Posturas contrarias. Asociaciones de padres, patronales y representantes del profesorado están sumidas en un debate de contrastes ante la proposición de ley aprobada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a que cumpla la Jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y se retiren de los crucifijos en todos los centros escolares. 

El secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel Castro, calificó la medida como "totalmente inoportuna". Señaló que, actualmente, la presencia de símbolos no supone un problema en la educación en los alumnos. Justificó su discurso al matizar que "en su momento ya se retiraron en los centros que lo pidieron". Consideró que el texto aprobado es "una nueva muestra de intolerancia". 

Igualmente, denunció que se trata de una norma "legalmente inviable", ya que "no puede extenderse a los centros confesionales". "Nosotros tenemos un proyecto educativo que eligen los padres libremente y en el que los símbolos religiosos son imprescindibles", agregó al mismo tiempo que explicó que los crucifijos "forman parte de la tradición cultural, por lo que no violan la libertad de nadie". 

Cortina de humo

Por otro lado, desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) solicitaron respeto para la exhibición de símbolos religiosos en los centros estatales. De lo contrario, aseguraron, "se estaría actuando contra el carácter propio de los mismos. El argumento de esta organización se ampara en el artículo 27 de la Constitución, derecho a la educación. Igualmente, indicaron que iniciativas como ésta parecen "maniobras de distracción" para desviar el interés público de "cuestiones tan importantes como el fracaso escolar".  

Por su parte, Luis Carbonel, presidente de la Confederación Española de Padres Católicos, denunció que esta iniciativa se asienta sobre "una verdad a medias", debido a que la sentencia del tribunal europeo ha sido recurrida. Asimismo, explicó que la propuesta parlamentaria supone un "ataque frontal" a los derechos y libertades de los padres ante la "imposición de esta ideología laicista del Gobierno". Por último, insistió en que "el crucifijo no obliga a nadie y forma parte de la identidad cultural de toda Europa". 

En términos similares se expresó la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Mercedes Coloma. Lamentó que no se haya "dado voz" al colectivo de padres para expresar su opinión sobre este asunto. No obstante, manifestó "su confianza" en que las autoridades les garanticen la decisión sobre la formación de sus hijos, "sin ningún tipo de intervención estatal". Así, propuso que los consejos escolares sean los organismos "que tengan la última palabra sobre los crucifijos".  

Vuelta al pasado

Libertad en los símbolos que puedan interferir en la libertad de las personas. Esta es sólo una de las peticiones que realizaron desde la asociación laica de padres CEAPA. Su presidente Pedro Rascón esgrimió que "los crucifijos constituyen una rémora del pasado que hay que quitar". Indicó, además, que en la actualidad, cuando se abre un nuevo centro, "no se ponen crucifijos" porque éstos "proceden de un tiempo pasado. 

Carlos López, secretario general de FETE-UGT se mostró de acuerdo con la medida adoptada ayer por el Congreso. Opinó que las escuelas "deben ser foros de tolerancia y respeto en los que se manifiesta la multiculturalidad de la sociedad". 

López aseguró que "hoy en día, alrededor del 15 por ciento de los alumnos son inmigrantes". Eso sí, dejó claro que en los centros de ideario confesional, los padres ya conocen de antemano el proyecto educativo y saben a qué se atienen. 

Una decisión "inestable"

El presidente de la Asociación Católia de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación San Pablo CEU, Alfredo Dagnino se sumó a las críticas hacia esta medida. Así las cosas, calificó de "lamentable" que el Congreso de los Diputados asumiera ayer la proposición de ERC para instar al Gobierno a la retirada de los crucifijos de las escuelas. 

Dagnino insistió en que los que han dado el visto bueno a esta iniciativa son los mismos que insertan una asignatura como Educación para la Ciudadanía y Derecho Humanos. Una temática de estudio que, a su juicio, "viola el derecho de los padre a elegir la educación de sus hijos". "Resulta paradójico que utilicen el mismo argumento para retirar los crucifijos de los colegios", añadió. 

Igualmente, destacó que Europa "no es explicable sin el crucifijo". Clamó que la medida adoptada por la Cámara Baja "no tiene que ver con la sana laicidad" y matizó que "el Estado, que es acofensional, tiene que valorar positivamente el hecho religioso". 

Por último, advirtió al Gobierno de que el camino que está tomando en este punto "es muy malo para la sociedad. Cree que siembra la "semilla de un estado totalitario". Para Dagnino, sintetizó esta medida en "un proceso de descristianización" promovido desde las altas esferas de la política.  

Las críticas crecen

El observatorio por la Libertad en la Educación y el Observatorio para la Libertad Religiosa también se lanzaron en avalancha contra la medida citada. Así coincidieron en criticar esta medida. Para la primera organización, supone "la puesta en escena de la intolerancia ideológica totalitarista de sus promotores", así como un "grave atentado a la libertad de ideario y de oferta educativa de los centros". La segunda, argumentó que "tal y como están las cosas el Gobierno" este debería ser la "última preocupación" del Ejecutivo. 

El presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa, Pablo Molinero, insistió en que algunas de las razones por las que no es "adecuado" retirar los crucifijos se basa en que "así lo quieren los Consejos Escolares de las escuelas, máximos representantes de la voluntad de padres y profesores" y porque "la cruz es un símbolo de paz, de amor y de sacrificio por los demás". 

Finalmente, recordó, en relación con la polémica suscitada, que en España "más del 85 por ciento de los ciudadanos se declara cristiano y más del 75 por ciento de los alumnos eligen estudiar religión católica".  

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios