El Ayuntamiento evita la llegada de nuevos establecimientos de juego.

Monica Rossi recuerda la moción presentada por IU en un pleno hace más de un año.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, inicia una ronda de contactos con el sector para buscar un consenso. El director de Cejuego pide que afecte por igual a empresas públicas y privadas.

De estas faltas, 42 son de carácter muy grave por carecer del seguro de responsabilidad civil. La sanción por permitir la entrada a menores puede costar hasta 300.000 euros.

Propone que no se puedan instalar a menos de 500 metros de centros educativos. Además, plantea sacar esa actividad de los servicios terciarios previstos en el PGOU.

Que sea gente cada vez más joven y más desamparada la que acude a los salones de juego obedece al rendimiento de un negocio perfecto. Pero el precio social es incalculable.

Hacienda aumenta las sanciones contra las infracciones en los establecimientos de juego que incumplan la normativa. Será muy grave permitir el acceso a menores y a personas registradas como adictos.

La medida afecta a la concesión de licencias para la implantación de la actividad y toda clase de autorizaciones para las obras de adecuación de los locales.

Desde 2015 se han abierto en la capital 51 establecimientos de juego, la mayoría en Cerro-Amate, Triana y la Macarena y San Pablo-Santa Justa. El gran boom se produjo en 2018, cuando Adelante Sevilla introdujo el tema en el debate municipal.