El Ayuntamiento de Almería ha rechazado el pago a tocateja de las sentencias millonarias a favor de los antiguos propietarios de los terrenos afectados por la ampliación del paseo marítimo que, en su conjunto suman la cuantiosa cifra de 27 millones de euros. Quiere hacerlo poco a poco, durante cinco años, al objeto, según ha explicado el equipo de gobierno, de no comprometer la prestación de los servicios públicos. Para ello, hay solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un plan de pagos, después de que la vía de la negociación con los reclamantes no haya fructificado.

De la situación ha dado cuenta exacta el concejal de Economía, Juan José Alonso, después de que el equipo de gobierno y oposición abordaran este pasado lunes, en comisión plenaria, las alegaciones presentadas por los antiguos propietarios al Presupuesto de 2020. Son dos sociedades, Sabinal y J. Guiard, que han reclamado el ingreso íntegro de las cuantías reconocidas judicialmente, 3.800.000 y 22.722.522 euros, de forma respectiva.

Con la abstención de los representantes de la oposición, el equipo de gobierno ha aprobado en la citada comisión desestimar las dos alegaciones por no contemplar las cuentas municipales tales cantidades y en las que los las sociedades exigen el pago íntegro este mismo año.

“El Ayuntamiento no puede hacer frente a las sentencias sin que se vean afectados los servicios públicos”, mantiene el concejal de Economía, quien añade que las arcas públicas entrarían en “inestabilidad presupuestaria con las consiguientes consecuencias”, como “subir impuestos y bajar gastos”. Pero es la sentencia a favor de J. Guiard la que más preocupa al Consistorio dada la cantidad, mientras que en poder de los responsables municipales se encuentra, desde el 13 de febrero, la sentencia firme de Sabinal, que otorga tres meses de plazo al Ayuntamiento para ingresar los 3,8 millones de euros. “La sentencia firme ha llegado después de que hubiéramos aprobado el presupuesto, durante el periodo de exposición pública”, explica el edil del PP.

Juan José Alonso, concejal Economía

Teniendo hasta el día 13 de mayo para atender el dictamen judicial, el Ayuntamiento hará frente a esta abono con el superávit de 2019, ya que las cuentas del ejercicio anterior han arrojado un saldo positivo de 16 millones y la legislación permite cubrir con este excedente sentencias.

El Ayuntamiento, de igual modo, tira de articulados legales para respaldar el plan de pagos que ha presentado al TSJA para atender la sentencia de J. Guiard, pendiente el Alto Tribunal aún de aceptar o denegar. El programa desglosa una primera anualidad de 5.324.524 euros a ingresar antes del 30 de septiembre de este año y que hay reservada desde octubre de 2019, cuando fue aprobada en Pleno una modificación presupuestaria para tal fin.

Antes de septiembre y durante los años 2021,2022 y 2023, el Ayuntamiento abonaría, según el plan de pagos solicitado, 4.600.000 euros. La quinta y última anualidad sería de 3.997.000 euros más los intereses de demora derivados del prorrateo. “Si somos capaces de pagar más en los primeros cuatros años, se iría restando de la última anualidad”, contempla la propuesta que la sociedad rechaza.