Pedro de la Torre, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.

La cruzada contra el Gobierno iniciada por el ingeniero técnico en informática almeriense Pedro de la Torre va camino de convertirse en una cuestión con pocos visos de encontrar solución, al menos a corto o medio plazo. Esta batalla, que empezó siendo política, ha terminado por tener en los tribunales su lugar de celebración, habiéndose iniciado ahora un proceso que apunta a ser largo y complejo.

El punto de partida data del año 2009, cuando desde el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) se iniciaron los trámites para que estos trabajadores obtuvieran por ley el reconocimiento y la regulación que su ejercicio profesional precisa. Desde entonces, han sido numerosos los intentos por dar con un acuerdo administrativo que responda a las demandas planteadas por el citado organismo, habiendo intercambiado este correspondencia, sin éxito, con distintos órganos a nivel autonómico, estatal e incluso europeo.

Todas estas alegaciones están fundamentadas en la Ley 21/2009 de 4 de diciembre de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. En su disposición final primera queda reflejado que en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa, el Gobierno garantizará una presencia justa y ecuánime de los Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Precisamente es esta incursión en el referido Consejo lo que reclama la postura de De la Torre para, entre otras cuestiones, luchar contra el intrusismo laboral que existe en su profesión.

Tiempo después, y tras haber pasado, por el palacio de la Moncloa hasta tres gobiernos distintos, el compromiso político adquirido entonces ha caído en saco roto. De igual modo, por parte del CPITIA se han tratado de agotar todas las vías administrativas posibles acudiendo a otras formaciones políticas con representación parlamentaria. Así, en 2018 Ciudadanos impulsó una Proposición no de Ley pero la moción de censura dio por concluida la legislatura y esta opción fue finalmente inviable. Asimismo, Unidas Podemos registró en el Senado diversas cuestiones al respecto con respuestas inciertas por parte del ejecutivo.

Ahora el país se encuentra sumido en un bloqueo institucional debido a las dificultades con las que se está encontrando Pedro Sánchez para sumar los apoyos necesarios que le permitan conformar Gobierno. Para De la Torre, ex militante socialista y sanchista confeso, esto es algo que “puede servir como excusa” al órgano gobernador, ahora en funciones. Y es que este todo este proceso ha dado al traste con la participación política del decano ingeniero informático, que, según cuenta, salió del partido tras iniciar estas medidas. “Me di de baja porque me obligaron. Me dijeron que o me callaba o me iba del partido, y que ni se me ocurriera pasar por los tribunales”, apunta.

Una vez desestimadas las advertencias socialistas, Pedro de la Torre interpuso el pasado 18 de julio dos recursos contencioso-administrativos por inactividad reglamentaria del Gobierno en esta materia. Al mismo tiempo, este emplaza al órgano judicial competente a tomar la determinación de admitir a trámite, o no, la denuncia interpuesta.

A expensas de que sea admitida a trámite la denuncia interpuesta por el CPITIA, este se topó el pasado 19 de agosto con un nuevo revés, en tanto en cuanto su homólogo a nivel estatal le conminó a retirar las denuncias interpuestas en el plazo de una semana, fundamentando este requerimiento en la ausencia de competencias que ostenta a la hora de interponer recursos de este tipo. En caso de desestimar esta orden, refiere el Consejo General, De la Torre sería inhabilitado. Este último alega que dentro de los fines estatutarios del CPITIA se encuentra luchar por el interés general de la profesión.

Y todo, para dar amparo a unos profesionales que, solo en Andalucía, cuentan con 80 colegiados que contrastan con los cerca de 20.000 titulados que, según el decano del CPITIA, se encuentran excluidos de un marco normativo que regule su profesión.

Se escribe así un capítulo más de una historia que los tribunales se encargarán de esclarecer.