El banquillo de los acusados al inicio de la primera sesión de la vista oral ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería.

Niegan ningún tipo de favor o relación con Facto, adjudicataria de las obras del Mesón Gitano. Los dos funcionarios del Ayuntamiento de Almería acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en relación a su participación con el concurso para adjudicar las obras del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos han insistido en que no tenían capacidad para decidir en lo que se refiere a la contratación y que todo se hizo de forma “colegiada y por consenso”.

El primero en declarar ha sido Juan de Dios Matarín, exjefe de Servicio del Área de Servicios Urbanos y actual jefe de Servicio en el Área de Promoción de la Ciudad, quien ha negado este miércoles que tuviese ningún tipo de interés económico con Facto, si bien ha reconocido durante su declaración que a través de la empresa Mirlo Inversiones Levantinas, su mujer, ya fallecida, y su hija tenían diferentes porcentajes de acciones de Facto, negando en cualquier caso que interviniese en la venta de esta sociedad, limitándose, según él, a buscar a un abogado para hacer las “gestiones” porque su esposa estaba enferma en la cama.

Ha admitido que dicha sociedad no tenía ninguna actividad como tal, sino que la tenía su esposa para “elevar su patrimonio privativo” y vio en esta sociedad “una buena inversión”. Al ser interpelado si no pensó en apartarse por estas relaciones familiares ha preguntado: “¿No puede ser uno objetivo?”. Ha señalado que le propuso al concejal responsable de su área, y vicepresidente de la empresa municipal Almería Urban, contar con un “equipo multidisciplinar” de diferentes áreas al tratarse de una obra “sensible e importante”. “Nadie tuvo posibilidad de imputar una nota a cada licitador, fue todo por consenso (...) Estábamos de acuerdo en todo”.

Asimismo, ha revelado que pasado más de un año de la adjudicación a Facto, contó las relaciones con Facto de su esposa e hija al otro funcionario acusado, ya que necesitaba desahogarse porque estaba en una “situación incómoda”. Además, ha aseverado que el informe técnico en el que participó no era “decisivo de nada”. “Basta comprobar que la oferta de Salcoa -que obtuvo la misma puntuación que Facto-, se fue al último lugar al no tener una oferta económica en condiciones”, ha dicho.

A este respecto, ha manifestado que se hizo un informe porque los proyectos de Facto y Salcoa eran “idénticos, con igual literatura y planos” para que la mesa de contratación adoptarse las medidas oportunas, y que sólo cuando este órganos dijo de continuar, fue cuando se hizo un informe de valoración técnica “en régimen colegiado” por parte de cinco técnicos.

A la izquierda, Fiscalía y acusaciones populares, presidiendo, la juez Juana Cortés, y a la derecha los letrados de la defensa.

Sobre la valoración económica de la oferta, ha mantenido que responde a una fórmula matemática que se cambió, afirma, tras un recurso de oficio porque un auditor de los fondos Feder con los que se iba a acometer el proyecto señaló que había que adaptarla, apuntando que dicho recurso fue suscrito por tres técnicos.

En este sentido, ha reiterado que nadie recurrió la fórmula u otras partes de la licitación porque todos “aceptaron las reglas del juego”, insistiendo además en que la mesa de contratación podía haber reclamado todos los informes que estimase, explicando que ni siquiera era este órgano el que contrató finalmente a Facto, sino el consejo de administración de Almería Urban.

Por su parte, el acusado David Lozano, que fue miembro de la mesa de contratación, ha apuntado que aunque la oferta duplicada se trataba de un hecho “significativo” y “muy atípico”, no correspondía a la mesa adoptar una decisión sobre dichas ofertas, por lo que bajo el asesoramiento de la secretaria se trasladó el informe al Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban para que decidiera lo oportuno.

Juan de Dios Matarín ha insistido en que el informe de valoración de las ofertas “es una parte importante pero no vinculante” en la contratación de las obras que, según ha coincidido David Lozano, corresponde al órgano de contratación --en este caso Almería Urban-- puesto que la mesa no contaba con “poder decisorio”.

Los acusados atienden a las cuestiones previas de sus abogados.