¿tanto cuesta hacer las cosas bien? Esta pregunta nos la hacemos a menudo, pero hoy más que nunca se la plantea el sector pesquero europeo de arrastre que faena en el Mediterráneo y, sobre todo, el almeriense, que ve cómo su futuro hace aguas. Está acorralado por dos proyectos de normas: nacional y comunitaria, que carecen de sentido en un mundo globalizado. Así, si el dónde parece caer por su propio peso, no es menos el cuándo. Estas normativas se plantean con horizonte a 2020, mientras su aprobación se llevará por delante el año actual dejando sólo para su aplicación 2019. Las prisas no son buenas consejeras.

En lo que atañe al borrador del plan de gestión para arrastre, cerco y artes menores del Mediterráneo, que ha elaborado el Ministerio de Agricultura y Pesca del Gobierno de España y que está en fase de alegaciones, frente a la sensibilidad mostrada al sector de forma aparente el papel desvela todo lo contrario y, como demuestra el informe económico del plan nacional, mantiene la indicación de una limitación de esfuerzo, con la que un arrastrero pasaría a faenar entre 170 y180 días; concretamente, en la provincia almeriense unos 48 barcos dedicados al arrastre dejarían de ser rentables lo que se llevaría por delante el sustento de unas 240 familias de manera directa, además de más de un millar de forma indirecta. En el plan de gestión elaborado entre el sector y la Junta para que el Gobierno central tuviera en cuenta las peculiaridades de la flota andaluza ya se proponía limitar el esfuerzo pesquero a un máximo de 210 días de actividad al año, algo que podría asumirse.

Al igual que la ICCAT gestionó el atún rojo, quieren que sea la CGPM la que medie

Paralelamente al trabajo nacional, la Comisión Europea hacía su propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 8 de marzo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que contempla diez capítulos y veinte artículos y que afecta, sobre todo, a salmonete, merluza, gamba roja, blanca y la cigala. Éste afecta principalmente a las flotas de la UE procedentes de Francia, Italia y España.

Entre las disposiciones específicas de la propuesta, hay dos especialmente temidas. Por un lado, el régimen de gesión del esfuerzo pesquero y, por otro, las zonas de veda. En cuanto a la primera, la propuesta introduce un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en la zona a nivel de la UE para los buques de todo tipo de arrastres y todas las categorías de eslora. Cada año, sobre la base del dictamen científico, el Consejo decidirá el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo y por Estado miembro. Además, la propuesta prevé una reducción sustancial del esfuerzo pesquero en el primer año de aplicación, así se calculará para cada grupo de esfuerzo como el esfuerzo medio expresado en número de días de pesca entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, teniendo únicamente en cuenta los buques activos durante ese periodo; en cada uno de los años siguientes, el valor de referencia será igual al esfuerzo pesquero máximo admisible del año anterior. Con la aplicación, tal cual, de estas medidas, en 2020, el sector pesquero vería su beneficio reducido un 75%, "sería imposible mantener la actividad", señala José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca).

Con datos sobre la mesa, el sector rebate la norma que pretende la Unión Europea, más tras una serie de reuniones en el marco del Consejo Asesor de Pesca del Mediterráneo Occidental (MEDAC) hace poco más de una semana en Zagreb y, donde representantes de esta actividad echaron de menos la presencia de algún representante del Mapama, más teniendo en cuenta el proceso de elaboración del plan de gestión y la encrucijada en la que se halla el sector. "En el Mediterráneo 3.430 buques se corresponden con flota comunitaria y 1.987, el 40%, con no comunitaria. Además, como se ha reiterado en varias ocasiones, si la pesca en el norte de Euopa no tiene nada que ver con el resto, la actividad también difiere entre Francia, Italia y España, e incluso entre distintas comunidades de este territorio nacional".

Como expuso en Zagreb, Gallart explica que la determinación de cómo gestionar y recuperar el Mediterráneo debería ir más allá de la UE puesto que las normas que ésta dictamine sólo tendrían sentido sobre los arrastreros comunitarios, por lo que el 40% no se regiría por ellas. En esta línea, señala que igual que con el atún rojo ha sido la a Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) la que ha llevado todas las medidas, ahora debería ser la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), "ahí están todos los países del Mediterráneo, más Japón, que también captura en este mar, y cuyas decisiones son de obligado cumplimiento". Lo que argumenta el gerente de Asopesca tiene su lógica ya que de qué sirve limitar la actividad sólo en una parte del Mediterráneo si en el resto se puede hacer lo que se quiera, el stock seguiría expuesto mientras los barcos europeos perderían competitividad. Como apunte, en las subáreas geográficas GSA 1 y GSA 2 correspondientes al mar que baña el litoral mediterráneo andaluz y Alborán, faenan 102 arrastreros, mientras que en las 3 y 4 en Argelia y Marruecos son 656. "Somos los primeros interesados en querer mantener nuestra actividad a través de una pesca sostenible, pero un problema global requiere de medidas globales, sino estaremos en desventaja, el stock dependerá de las actuaciones de otros y acabaremos desapareciendo. Hay que internacionalizar más el problema". En este camino restringido al ámbito comunitario no sólo los arrastreros presagian un futuro negro, también la comercialización, "el mercado tiene que abastecerse, así que si no hay capturas nuestras llegará pescado de otros lados, a la vez que si nuestra oferta no satisface a nuestros clientes irán a comprar a otros lados, como a mercas en lugar de venir a la lonja".

Ni el Ministerio de Agricultura, ni la Comisión Europea parecen estar por la labor de 'salvar' al sector pesquero, la esperanza se asienta ahora en el Parlamento Europeo (PE) y, por ello, en Clara Aguilera, quien fuera consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y ahora eurodiputada socialista además de miembro de la comisión de Pesca y recién designada como responsable del Parlamento Europeo del Plan de Gestión Pesquera en el Mediterráneo occidental. Por otro lado, Gallart hacen un llamamiento a las organizaciones no gubernamentales (ONG), las únicas que respaldan las medidas del Mapama y la CE, para que también impartan su discurso en el norte de África para remar todos en el mismo sentido y esto tenga verdadero sentido.

Teniendo el foco en el PE y tras los encuentros mantenidos con los partidos políticos a nivel local, que no han tenido impacto sobre la postura del Gobierno central, desde Asopesca se les ha remitido a los mismo una misiva exponiendo la situación actual. Así, Diario de Almería ha tenido acceso a la carta enviada al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, en la que la organización de productores pesqueros de Almería (OPP-71) expone: "El panorama es más gris de lo que suponíamos y para salvar la pesca de bajura de nuestro Mediterráneo y a todo el tejido socioeconómico, tan solo podemos ya tener esperanzas en el Parlamento Europeo y en la actuación de nuestros políticos a nivel nacional defendiendo los intereses de esta profesión para intentar que el Ministerio no haga oídos sordos a la comunidad pesquera". Además, como se puede leer en el texto se apunta a que si hay recursos que proteger, "no se puede recuperar la situación de los caladeros barriendo la flota de arrastre de los países mediterráneos de la UE, hay que tener en cuenta medidas con la actividad y, además, englobar a los países mediterráneos no -UE, puesto que algunas zonas, como la compartida entre España y Marruecos-Argelia para la gamba roja, los barcos europeos suponen el 15% mientras que los del norte de África son el 85%".