El pasado día 20 de noviembre, se desarrolló una reunión entre el Colegio Oficial de Enfermería y la Policía Nacional en Almería, en dónde los agentes informaron a la presidenta y secretaria del colegio, acerca de los objetivos que persigue el Programa de Contactos Ciudadanos de la Policía Nacional, así como la existencia del Protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.

Sobre la mesa, la Policía Nacional puso de manifiesto la existencia del Interlocutor Sanitario Policial, con las funciones y objetivos que persigue, y las medidas policiales a adoptar frente a agresiones a los sanitarios.

La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas. A nivel territorial se ha ido desarrollando la misma figura pero con competencias limitadas a la provincia.

Instrucción 3/2017 de la S.E.S y el Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz

En Almería, y dando cumplimiento a la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, y por su parte como desarrollo del Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, el Interlocutor Sanitario ha venido desarrollando desde el mes de diciembre del año 2018 reuniones y encuentros previos con los responsables de los diferentes sectores y servicios de los centros de salud, hospitales, y centros de atención primaria, para canalizar las propuestas demandadas en materia de seguridad, y dar respuesta a las necesidades solicitadas por el personal sanitario.

Fruto de esa colaboración mutua y recíproca, se han puesto en marcha talleres formativos en el Hospital de Poniente, Centros de Atención Primaria de El Ejido, Hospital del Toyo, Hospital de Torrecárdenas y demás Centros de Salud de Almería y entorno, en virtud del ámbito territorial competencial correspondiente.

Con carácter especial, se formó a los sanitarios en la detección de futuras acciones violentas a través del estudio del lenguaje verbal y no verbal, la asertividad, escucha activa, el manejo de eventuales conductas suicidas frente a la agresión, o en las habilidades comunicativas en la relación profesional-paciente (roll-play).

Durante la reunión mantenida, la Policía Nacional expuso una serie de medidas de autoprotección personal, de aconsejado cumplimiento para los profesionales de la salud, tanto en el desarrollo de sus funciones en sus puestos de trabajo, cuanto en su vida personal.

Igualmente se informó a su vez que las agresiones a los profesionales tienen consecuencias jurídicas derivadas del vigente Código Penal (art.550 ), dado que hace extensible el Principio de Autoridad a toda persona que ejerce su trabajo en un centro de atención primaria, de salud u hospital dependiente del S.A.S, calificándose jurídicamente como atentado a la autoridad las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones por los profesionales de la salud.

Además de una violencia física y verbal directa, puede darse el caso de acoso, injurias o calumnias cuyo medio de exposición son la Redes Sociales. Plataformas como facebook, instagram, o twitter pueden servir de pantalla de protección que ampare estas tipologías delictivas, las cuáles también se encuentran encuadradas en la protección dispensada por la Ley a los profesionales sanitarios.

Sin embargo, para que el problema sea visible y se pueda actuar con la contundencia jurídica necesaria, es preceptiva la denuncia del sanitario, ya que tras la misma se pueden articular medidas cautelares como una orden de alejamiento del centro sanitario o incluso del personal a modo particular.

Con la denuncia además se produce la exposición pública de la actitud violenta, con mayor garantía de protección del personal sanitario, y así poder defender ante los tribunales el concepto del Principio de Autoridad, y sus consecuencias jurídicas derivadas. La "tolerancia cero" es un valor que debe ser interiorizado por todos los profesionales de la salud, cuando sean víctimas de delitos, como consecuencia de su trabajo.