"Yo creo que mi función aquí es como la de toda la función de los abogados, somos una pieza más de lo que es el proceso penal y el juicio. Os agradecería a los medios con esa labor de formación de la opinión pública y labor didáctica, que cooperéis, colaboréis, para que la sociedad, visto algunas reacciones que se han visto, comprensibles obviamente, cualquier ser humano ante la gravedad de los hechos imputados, yo creo que cualquier ser humano tiene una reacción visceral ante ello. Estamos en 2018, no estamos en la prehistoria ni en la Edad Media, y las sociedades modernas se han dotado de un procedimiento penal, lo que debe ser un juicio justo. Hay un fiscal que como decía, entiendo que está magníficamente representado, hay un juez de instrucción que está investigando, instruyendo la causa, y necesariamente, por imperativo constitucional, debe haber un abogado, cuya labor me ha correspondido a mí y cuento con la colaboración de una compañera. Nuestra obligación legal es asistir a Ana Julia en todo el procedimiento que se sigue en su contra".

De esta forma defiende Esteban Hernández Thiel el papel que él y su compañera de despacho, Beatriz Gámez, tienen que realizar a la hora de defender a Ana Julia Quezada. Insiste además en que el caso llegó a sus manos a través del turno de oficio porque se encontraban de guardia cuando y les correspondió de forma totalmente fortuita, lo que hace que sea obligado atender a a su cliente. Todo ello a raíz de las amenazas en redes sociales, comentarios e incluso presiones ciudadanas que se han producido desde que comenzaron a representar a la dominicana, al no entender una parte de la población que alguien pueda defender a un "monstruo" como muchos la califican.

El letrado es claro, todo el mundo tiene derecho a una defensa sea cual sea el crimen que haya realizado porque la justicia española funciona por contraposición de las partes, correspondiendo la acusación al Ministerio Público de oficio. Y en el caso de que el detenido no cuente con recursos para disponer de un letrado de pago, es el turno de oficio el que debe cubrir este servicio de carácter público y gratuito para que se cumplan todas las garantías legales y judiciales que permitan llevar a buen puerto un procedimiento penal. Los letrados almerienses han recibido el apoyo de sus homólogos a través de diferentes órganos colegiados y asociaciones de todo el país.