El servicio público municipal de cementerios y tanatorio-crematorio lleva años siendo una losa para el Ayuntamiento de Almería por el enjambre de problemas legales derivados del contrato de concesión. Fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ahora no se quiere correr más riesgos, una más que probable motivación por la que el equipo de gobierno ha decidido respaldarse de asesores externos para sacar el contrato de los servicios funerarios y acatar así, de forma definitiva, una sentencia dictada hace casi cinco años.

Durante este tiempo, los cementerios y el tanatorio-crematorio de la capital han venido funcionando sin problemas aparentes de cara al ciudadano, habiéndose introducido, de hecho, muchas mejoras. De la gestión de los servicios lleva encargándose desde el año 2010, la empresa ASV Funeser, que sustituía a Ceal al frente de los servicios, la cual ganó una batalla legal contra el Ayuntamiento, que fue condenado en 2013 al pago de una indemnización que, incluyendo los intereses de demora, se aproximó a los siete millones de euros.

Cuando parecía que las aguas estaban calmadas en la gestión de los cinco camposantos y el nuevo tanatorio municipal (Sol de Portocarrero), el Alto Tribunal anulaba, el 2 de febrero de 2015, el acuerdo de adjudicación, atendiendo al recurso presentado por otra empresa del sector al estimar que los pliegos de condiciones no cumplían los “trámites esenciales” fijados en la Ley de Contratos al incluir el tanatorio y crematorio, de reciente construcción.

Un año después llegaba la orden  en un auto del TSJA de anular la concesión y acatar la sentencia de manera urgente, so pena de multas coercitivas y responsabilidad penal. El rosario de comunicaciones continuó con un nuevo varapalo judicial en 2018, cuando el TSJA invalidó la subida de precios aplicada siete años antes, así como nuevas figuras impositivas como el polémico cobro por trasladar el féretro desde la puerta del camposanto al nicho.

La mala experiencia y la complejidad del expediente –la actual empresa ha hecho inversiones y la contrato de concesión tenía por duración un periodo de 30 años, que habrá que liquidar–, han conducido al Consistorio a arropar la salida de nuevo a concurso de la gestión de los servicios mortuorios con el máximo asesoramiento legal. Lo prestará Uriarte Asesoramiento Integral con un coste cercano a los 33.000 euros.

Requiere el Ayuntamiento un asesoramiento económico y jurídico para dar continuidad al nuevo expediente, iniciado en noviembre de 2016, durante la elaboración de los pliegos y a lo largo de todo el proceso de licitación y adjudicación.