Al Ayuntamiento de Almería se le han venido resistiendo las fórmulas jurídicas y de negociación que ha emprendido, desde hace más de quince años, con los más de 400 propietarios de la guardería fantasma del polígono de San Isidro, en Nueva Andalucía, un edificio, construido hace 40 y que nunca consiguió abrir sus puertas. Después de varios presupuestos con partidas nominativas, en 2019 se inició el correspondiente expediente de expropiación de la finca y ahora la concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, pretende echar toda la carne en el asador con ayuda de un empresa que logre desatascar estas expropiaciones, en la que hay titulares desconocidos.

Ana Martínez Labella ha informado de la continuación de los trámites expropiación iniciados por su predecesor en el cargo, con la mencionada contratación de los servicios de notificación del inicio de este procedimiento a los entre 400 y 500 titulares de los bienes y derechos objeto de expropiación. El contrato incluye, además de la impresión, manipulado y depósito en correos de las notificaciones el inicio de expediente de expropiación, la creación de una base de datos de las notificaciones que se realicen.

La contratación de este servicio se justifica “por razones de agilidad administrativa y de eficiencia en la racionalización de los recursos humanos para un trámite muy complejo, dada la naturaleza de la propiedad de este inmueble”, explica Martínez Labella, tras la reunión que recientemente ha mantenido con la Asociación de Vecinos La Unión Polígono San Isidro, a quienes ha vuelto a trasladar de nuevo el compromiso del Ayuntamiento para hacerse con la propiedad del edificio, de dos plantas más sótano, 825 metros cuadrados construidos y una parcela de 1.200 m2.

Reunión de Martínez Labella con representantes vecinales

La edil les ha pedido “colaboración” en la identificación de la propiedad de esta finca, depurando la base de datos que obra en poder de la sección de Contratación y Patrimonio y en la que se recogen 409 titulares de los que se posee dirección completa a efectos de cualquier notificación y que se cree que podrían ser más por lo que el contrato incluye como cifra máxima el medio millar.

La responsable municipal ha agradecido la “predisposición” de los vecinos a colaborar en este proceso, cuyo fin último es la rehabilitación y puesta en uso del edificio como biblioteca y sala de estudio para el barrio.