La entrada de máquinas para proceder al derribo de las primeras viviendas afectadas por el plan de reforma interior del Barrio Alto no ha sido tan tranquila como se presumía. A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Vecinos El Centimillo asegura que miembros de su junta directiva han sufrido “amenazas verbales y conatos de agresión física” por las expropiaciones ejecutadas desde el Ayuntamiento de Almería, debido al bajo precio que lamentan y a que dicho proceso ha afectado, según explican, a familias que ocupaban viviendas de manera ilegal. El Centimillo responsabiliza de esta situación al Consistorio. Entre otros motivos, por no haber creado la oficina para gestionar este plan de reforma en el barrio –en su día aprobada por Pleno– y por no haber emprendido acciones sociales previas a las obras.

“Nadie ha explicado aún, que la ejecución del PERI,NAN1/105, (junto a la Rambla) se hizo por compensación de sus propietarios en los gastos de urbanización, a diferencia de éste, por expropiación, con un justiprecio –explican–, inferior en un 50% a otras operaciones inmobiliarias realizadas en nuestro municipio, especialmente por rebajar a la mitad de su valor catastral el año 2017, lo que ha llevado a los expropiados a un estado de perplejidad y de desánimo lógicos, algunos de extracción social humilde sin recursos para litigar ni alternativa de adquirir otra vivienda por una indemnización insuficiente”.

Critican en su escrito la “descoordinación” y la “falta de compromiso”, que refleja la Asociación en la mencionada “gestión social” por “la nula atención previa a la ejecución del PERI, a las familias que ocuparon fincas de manera ilegal, que en su desesperación, han llegado a provocar altercados, amenazas verbales y conatos de agresión física a miembros de nuestra Junta Directiva, haciéndonos corresponsables de la solución o no de sus problemas, ante tal inacción política”. Añade el colectivo vecinal que “tampoco se nos ha ofrecido la oportunidad de mediar con los más de 100 afectados ni de participar en el proceso de rehabilitación del barrio, contrariamente a lo que propugna la UE en las ayudas” que le fueron concedidas al Ayuntamiento.