La vista oral por presunta compra de votos por correo en Carboneras (Almería) durante las elecciones municipales de 2007 se celebra este martes después de que tuviera que ser aplazada por segunda vez en diciembre debido a la incomparecencia de la testigo principal contra la actual concejal del PSOE Josefa Cruz, las exediles socialistas Rosario Fernández y Josefa Ruiz, y un empresario.

Las dilaciones en procedimiento ha derivado en que la causa penal por la presunta comisión de delitos electorales del artículo 146.1 a) y 2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) haya alcanzado los 12 años sin que haya podido ser sustanciado. La vista oral, tras una larga y procelosa instrucción, se suspendió por primera vez el pasado mes de mayo después de que el abogado de la acusación particular renunciase.

La causa, de la que ha entrado y salido como investigado en varias ocasiones quien era alcalde en ese momento, Francisco Ruiz Aguado, quien a su vez asumió el cargo mientras su predecesor, Cristóbal Fernández, cumplía la pena de inhabilitación a la que fue condenado también por delito electoral si bien posteriormente fue indultado, se inició a raíz de la denuncia que interpuso el grupo municipal del PP, tramitada por el Juzgado de Instrucción 1 de Vera.

En la citada denuncia se señalaba que, a través de un vecino que declaró como testigo posteriormente, se había tenido conocimiento de que el entonces regidor "había arrojado a un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas ofrecidas a diferentes vecinos".

La Audiencia Provincial se pronunció, no obstante, en julio de 2016 sobre el fondo de la cuestión y, haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía, señaló que no existían "indicios racionales de criminalidad" frente al denunciado "pues ni de las testificales recibidas, ni de ninguna otra prueba, se desprende participación en los hechos, más allá de sospechas y conjeturas".

El Ministerio Público formuló su acusación en 2010 contra las exconcejalas del PSOE Josefa Ruiz y María del Rosario Fernández, quien fue indultada en diciembre de 2006 junto a su hermano y alcalde Cristóbal Fernández tras ser condenada a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, así como para Josefa Cruz Orta.

Las tres se enfrentan a una petición fiscal de multa de 40 cuotas a diez euros al día, cuatro meses de multa a razón de razón de diez euros al día y un año de inhabilitación especial para cargo público.