Un chiringuito de Mojácar obliga al Tribunal Supremo a redefinir el poder de los ayuntamientos en la costa española

Lo que comenzó como un expediente administrativo rutinario en las oficinas de urbanismo de Mojácar ha terminado convirtiéndose en el campo de batalla donde se definirán las reglas del juego para todos los municipios costeros de España. El Tribunal Supremo ha puesto el foco en la playa de El Lance Nuevo para resolver una colisión de trenes administrativa habitual pero compleja: el choque entre la competencia autonómica para gestionar el litoral y la autonomía municipal para decidir qué se construye en su término.

El origen del pleito se sitúa en la denegación, por parte del Ayuntamiento de Mojácar, de una licencia de obras solicitada por un empresario local para levantar un chiringuito fijo —con zona de cocina, barra y terraza— bajo el nombre "I Love Mojácar". El promotor acudía al Consistorio con una carta ganadora: una resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que le otorgaba la concesión para ocupar casi 300 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre por un periodo de 15 años.

Sin embargo, los tiempos de la justicia y los de la realidad urbanística no siempre van de la mano. Tal y como aclara el alcalde de Mojácar, Francisco García, la situación sobre la arena ha cambiado radicalmente desde que se inició el litigio. "El chiringuito sí está construido y operativo desde el año 2023", puntualiza el regidor.

La clave de este giro reside en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mojácar en 2023. El proyecto técnico del empresario, que chocaba con las viejas normas subsidiarias, sí encajaba en el nuevo planeamiento vigente. "Con la aprobación del Plan General de 2023, el proyecto que presenta el propietario es viable urbanísticamente. En ese mismo año solicita licencia y se le concede", explica García.

El recurso se mantiene por seguridad jurídica

Si el chiringuito ya tiene licencia y está funcionando legalmente, ¿por qué el Ayuntamiento mantiene el pulso en el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA que le quitaba la razón? El alcalde es tajante: no es una cruzada contra el negocio, sino una búsqueda de seguridad jurídica para los técnicos municipales.

"Nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener el recurso de casación única y exclusivamente para que el Supremo nos diga exactamente qué hacer en estos casos", asegura Francisco García. El problema actual es que, mientras los tribunales no unifiquen doctrina, los funcionarios locales se ven en la encrucijada de tener que informar licencias en dominio público sin saber si su normativa municipal es aplicable o si es papel mojado frente a Costas.

"Yo entiendo personalmente que, dentro del dominio público, las actuaciones tienen que ser única y exclusivamente de la administración competente, que es Costas", reflexiona el primer edil, "pero como hasta ahora ha habido jurisprudencia de todo tipo, los técnicos municipales nos dicen que se tienen que cumplir las normas urbanísticas locales".

El Ayuntamiento de Mojácar insiste en que su intención no es prohibir la actividad económica en las playas. De hecho, el alcalde ve en este pronunciamiento del Alto Tribunal una oportunidad para aligerar la carga burocrática del consistorio. "Nosotros no tenemos ningún interés en contra de los chiringuitos, todo lo contrario", sentencia García.

Lo que está en juego

Por tanto, la futura sentencia del Supremo ya no decidirá si el chiringuito de El Lance se construye o no —puesto que ya está amparado por el nuevo PGOU—, pero su trascendencia jurídica permanece intacta. El fallo servirá para "determinar realmente las competencias que tienen los ayuntamientos sobre el dominio público", una duda que afecta a cientos de consistorios en todo el litoral español.

En su auto de admisión del pasado 20 de noviembre, el Supremo se compromete a aclarar si, ante la falta de planificación autonómica detallada, un Ayuntamiento puede regular la estética de los chiringuitos y si conserva el poder de veto (denegación de licencia) cuando ya existe una concesión autonómica. Mojácar será así el nombre asociado a la jurisprudencia que aclarará, de una vez por todas, quién manda en la arena de las playas españolas.